Sospechas de irregularidades se expanden como el COVID-19

A un promedio de dos por día. Al temor ciudadano por la expansión del coronavirus y la crisis económica se sumó una nueva preocupación: el avance de los casos de corrupción. Solo en una semana la Fiscalía hizo 11 intervenciones por irregularidades relacionadas con adquisiciones durante la emergencia sanitaria.

Pero estas son apenas las que se han hecho públicas. La fiscal Diana Salazar explicó que en cada provincia los fiscales adelantan investigaciones. Lo hizo en la carta que le envió, a mediados de la semana pasada, al presidente Lenín Moreno para alertarle que desde la Secretaría Anticorrupción, creada por el Gobierno, hay una suerte de injerencia en la labor del Ministerio Público.

El viernes anterior se marcó un récord. En 24 horas, Policía y Fiscalía allanaron casas de salud en Ambato, Guaranda y Babahoyo. También, oficinas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y una vivienda particular por presunta evasión tributaria. En todas las investigaciones el denominador común son las irregularidades detectadas en la adquisición de insumos, equipos y alimentos destinados para enfrentar la pandemia.

A este control de la Fiscalía han tratado de unirse la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado y hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que, como le recuerda Salazar a Moreno en la misiva, tienen potestades constitucionales para actuar de una u otra manera. Sin embargo, los esfuerzos parecen superados.

Esta semana podría tener la misma tónica. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, adelantó que, por ejemplo, en el Hospital de Ibarra hay una investigación que podría terminar en un proceso judicial. El Ejecutivo se defiende y sus funcionarios dicen que muchas investigaciones iniciaron debido a sus propias denuncias. 

Las mascarillas dieron la primera campanada

Las alertas se activaron a finales de marzo, cuando se detectó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) buscaba comprar insumos por algo más de 10 millones de dólares con un presumible sobreprecio.

Entre los artículos se encontraban mascarillas de protección para el personal médico N95 que en el mercado se pueden encontrar hasta en $ 3,50, pero los directivos del IESS estaban dispuestos a pagar $ 12.

La compra finalmente se suspendió. Los funcionarios que estaban directamente conectados con la compra salieron de la entidad y el entonces presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Paúl Granda, pidió la intervención de la Contraloría y la Fiscalía.

Pero sectores sociales y la propia Asamblea consideran que Granda debe rendir cuentas por su gestión al frente de la entidad, a pesar de que presentó su renuncia a finales de abril y fue reemplazado por Jorge Wated, quien asegura haber encontrado algunas inconsistencias en los procesos de contratación de los hospitales del IESS.

Las fuerzas del orden tampoco escapan a las sospechas

El 7 de mayo el turno fue para el Hospital Docente de la Policía Nacional N° 2 ubicado en Guayaquil. Ese día se ejecutaron varios allanamientos por el presunto delito de peculado en la compra de insumos hospitalarios.

Según Fiscalía, la investigación fue solicitada por la ministra del Gobierno, María Paula Romo, que tras la revisión de las compras efectuadas en instituciones del sistema de seguridad social de la Policía, conoció de una orden de compra de esa casa de salud con un presumible sobreprecio.

En la diligencia se retuvo a doce personas, entre ellas el director administrativo del hospital y funcionarios del departamento de compras públicas, que han rendido varias versiones dentro de esta investigación.

Los fiscales encontraron documentación de, al menos, 22 procesos de adjudicación directa que se hicieron durante el estado de emergencia sanitaria para la adquisición de fundas para cadáveres, mascarillas, entre otros insumos, que alcanzan valores cercanos a los $ 700.000.

Una renuncia acompañada de denuncia de por medio

Las investigaciones también alcanzan a la principal casa de salud pública de Quito: el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo que, desde el lunes pasado, está bajo la mira de la Fiscalía General del Estado.

La primera alerta se dio a través de las redes sociales por la adquisición, con un posible sobreprecio, de equipos que serían usados para hacer exámenes de laparoscopía.

Los agentes fiscales han practicado varias diligencias en torno a esta investigación. Han tomado varias versiones a trabajadores y directivos del hospital. También hubo un reconocimiento del lugar de los hechos.

El 1 de mayo el gerente del Eugenio Espejo, Pablo Izquierdo, renunció al cargo dejando una carta en la que esgrime que uno de los motivos de su salida son los supuestos actos de corrupción que se le querían imponer.

Al respecto, el ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, anunció que pidió una investigación a la Contraloría y aclaró que no cederá a consignas políticas. Añadió que, atendiendo al pedido ciudadano, ha iniciado un proceso absolutamente técnico, no político, para designar a las nuevas autoridades de los centros hospitalarios.

En las provincias las sospechas están a la orden del día

En provincias la situación tampoco es alentadora. Solo en esta semana, policías y fiscales ejecutaron operativos en Tungurahua, Los Ríos y Guaranda relacionados a posibles actos de corrupción.

En el Hospital de Ambato se recuperó documentación digital sobre un proceso de compras públicas con sobreprecio. La empresa beneficiada tiene como actividad la transportación, es decir que no tenía relación con la venta de insumos médicos.

En Babahoyo, una investigación de un medio de comunicación local dio las alertas de que el Hospital del IESS de esa ciudad pudo haber adquirido insumos médicos y de oficina a “precios inusuales” en plena emergencia sanitaria.

En Guaranda se encontró que el Hospital Alfredo Noboa Montenegro adjudicó un contrato de 100 fundas para cadáveres por un valor de $ 10.000. La Fiscalía de esa localidad del centro del país inició una investigación por el presunto delito de asociación ilícita, ya que varias personas fueron parte del proceso de compra.

Canastas de alimentos sin relación con la realidad

Una nota periodística de un portal digital puso en evidencia que en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) estaban dispuestos a pagar hasta $ 150 por una canasta con 18 alimentos que en el mercado podría costar $ 90 o incluso menos.

Esto hizo que los fiscales pongan su atención en las oficinas de la entidad en Guayaquil, donde hubo un allanamiento en el que se incautaron documentos relacionados con la compra de los paquetes alimenticios, por un valor de 1’055.740 dólares (sin impuestos), que tenían como destino las personas más vulnerables durante la emergencia sanitaria.

Según información publicada por la Fiscalía, el contrato habría sido firmado por la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y el proveedor Fulton Muñoz.

La Funcionaria rechazó la publicación periodística e hizo una explicación para justificar el precio que tendría por unidad cada canasta de alimentos. Aseguró que ese contrato todavía no estaba ejecutado y que fue puesto a revisión de la Contraloría General. Además, según Ocles, estas compras no se hacen exclusivamente por la epidemia de COVID-19, sino para todo tipo de emergencias.