El subcontralor Carlos Riofrío quiere una oportunidad

Desde hace cinco días Carlos Riofrío asumió sus funciones como subcontralor general. Habría sido nombrado desde la cárcel 4 de Quito por el contralor subrogante Pablo Celi, investigado por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres.

En la página web de la institución ya aparece su nombre, su foto sonriente y una semblanza de su trayectoria. El funcionario se declara apolítico y técnico. Aseguró que su designación fue legalmente suscrita y que su posesión es totalmente legal.

Riofrío, un ingeniero comercial graduado en la Universidad Católica de Quito, es un profesional de carrera de la Contraloría a la que ingresó en 1991 como asistente de Auditoría.

Desde diciembre de 2018 era director nacional de Auditoría. Ha estado al frente del desarrollo de los exámenes especiales a las adquisiciones efectuadas para enfrentar la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las auditorías a la calificación y la emisión de carnés de discapacidad en el IESS.

Riofrío pide que se le dé una oportunidad “para poder demostrar de lo que somos y hemos sido capaces de hacer”. Según él, muchas veces y sin fundamento se emiten criterios contra la institución.

Impulsará una defensa pública para el organismo de control cuya figura principal es uno de 13 procesados por integrar una posible red de desvanecimiento de glosas para empresas contratistas de Petroecuador como NoLimit.

Según información que remitió la Contraloría a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Fernando Villavicencio, entre 2007 y los seis primeros meses de 2021 se desvanecieron 4.170 glosas, que suman un 844’844.527,40 dólares. De ese monto, 666’163.564,09 millones fueron desvanecidos en 19 empresas y el valor más alto de 122,1 millones fue para Petroecuador entre 2009 y 2018.

Riofrío expresó que no se puede satanizar el tema del desvanecimiento “con que todo absolutamente y por orden de una sola persona se daba ese procedimiento”. Aseguró que está instituido y es un proceso que se realiza a través de informes y análisis técnicos que están respaldados.

Sin embargo, en la instrucción fiscal que lleva adelante la Fiscalía y a la que le queda aún casi un mes y medio para concluir, existen evidencias de un posiblemente direccionamiento para desvanecer determinadas glosas. Una de ellas estaría vinculada a una operadora telefónica a la que una exfuncionaria de la Contraloría se refiere en un chat intercambiado con el contralor Celi pocos días antes de su detención el pasado 13 de abril.

“Jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó y aún en el caso de Claro que sé que está en la Fiscalía”, le dice el 25 de marzo.

Ese chat es uno de los que fueron desmaterializados por peritos acreditados por la Fiscalía y que fueron incorporados al expediente del caso.

Marcelo Ron, defensor de Pablo Celi, señaló la semana pasada que ese chat era una manera de presión para que Pablo Celi no saque del cargo a los familiares. Situación que asegura no prosperó y al final les desvinculó de la Contraloría. Afirmó que la exfuncionaria en la versión dice todo lo contrario.

El abogado contó ayer que el contralor Celi, quien el mes pasado estuvo hospitalizado por haberse contagiado de COVID-19, mejora. Su contagio se produjo en los días en los que concluía la primera licencia de 60 días que le concedió la Contraloría el pasado 14 de abril. Obtuvo un siguiente permiso por enfermedad y desde la semana pasada tiene otra licencia, también de 60 días, por vacaciones.

Hasta que su situación se resuelva al frente de la Contraloría seguirá el subcontralor Riofrío quien, según un comunicado de la entidad, fue designado por la Contraloría y subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva de Celi.

El detalle

Organismo. La misión de la Contraloría es controlar los recursos públicos para precautelar su uso eficiente, en beneficio de la sociedad, dice su página web.

Investigación

Entidades involucradas

La presunta estructura delincuencial que investiga la Fiscalía en el caso Las Torres involucra a tres instituciones: Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia.

La sospecha apunta al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y el contralor subrogante Pablo Celi. Para el exsecretario José Augusto, la acción penal se extinguió por su deceso.