El subsidio al combustible ha enriquecido a grupos poderosos
Análisis | El negocio operó por años. Socialmente se sabía de él en Quito y en Guayaquil, pero las autoridades no han actuado
Muchos habían pensado que la verdadera dificultad para acabar con los subsidios estatales a los combustibles fósiles era una tarea imposible porque se había instalado en la sociedad un fetiche cultural.
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El subsidio a las gasolinas, se ha dicho durante décadas, es inamovible porque organizaciones sociales como la CONAIE han establecido como una verdad incontrastable que el Estado debe subsidiar a los más pobres.
Y no importaba cuánta evidencia académica o periodística se podía mostrar sobre cómo los subsidios favorecen principalmente a los más ricos, que los movimientos sociales y sus más altos dirigentes no cambiaban de discurso. Sin subsidios hay hambre entre los más necesitados y habrá movilizaciones, decían cada vez que alguien quería eliminarlos.
Que este fetiche se haya convertido en dogma absoluto en las organizaciones sociales puede ser hasta cierto punto explicable desde el punto de vista político, pero lo más insólito es que ocurrió lo mismo con grupos ambientalistas como Yasunidos.
El grupo que se articuló alrededor de la idea de mantener el crudo para defender el medio ambiente se convirtió en uno de los más feroces activistas a favor del subsidio con lo que se ha mantenido lo que supuestamente combaten: un incentivo al consumo de los combustibles fósiles. Se debe tratar, sin duda, de una de las contradicciones y falta de honestidad intelectual más grandes de la historia moderna del país.
¿Mafias lucran de los subsidios?
Pero ahora hay información y datos que hacen pensar que detrás de la oposición de muchos movimientos políticos y sociales a la eliminación del subsidio a los combustibles fósiles podrían estar las mafias que han lucrado con el negocio de la venta y distribución de combustibles subsidiados.
Durante varios días, EXPRESO ha estado publicando una serie de notas y reportajes sustentados en documentos oficiales, mucho de los cuales están bajo investigación de la Fiscalía, que hablan de al menos 19 empresas y 36 personas que han lucrado de esta actividad ilícita, algunos desde los años 80 del siglo pasado.
Según los documentos que circulan y que revisó EXPRESO, la Fiscalía pidió al Servicio de Rentas Internas que envíe la información del Registro Único de Contribuyente (RUC) de cada una de esas compañías.
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Así también, varios nombres de las personas naturales que constan en los registros de la Fiscalía aparecen en denuncias relacionadas con “defraudación tributaria”, “gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas, de residuos”, “almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles”, entre otros.
El negocio ilegal de los combustibles, tras la denuncia contra Álvarez
Esta revelación aparece poco tiempo después de que el gobierno de Daniel Noboa denunció a empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y de sus dos hermanos por estar supuestamente involucradas en el negocio de contrabando de combustible subsidiado. La Fiscalía bautizó a este caso como Triple A.
El negocio, básicamente, consiste en que estas empresas recibían combustibles subsidiados del gobierno y en lugar de despachar el producto a las gasolineras o a las sectores productivos que se benefician legalmente del subsidio lo desviaban a otros lugares. El destino final es incierto, pero podría alimentar a las mafias del narcotráfico que se llevan el combustible a Colombia, Perú o a alta mar para entregar a embarcaciones que trabajan para los carteles. También se contrabandeaba a los países vecinos.
Este negocio, curiosamente, ha estado operando durante años y, a pesar de que socialmente se sabía de él tanto en Quito como en Guayaquil porque muchos de los dueños de las empresas ahora investigadas eran miembros del empresariado local, las autoridades nunca hicieron nada. Son 10 gobiernos desde que comenzó este negocio que no hicieron nada.
Se trata, sin duda, de un negocio terriblemente lucrativo y seguro como para dejarlo ir. Por eso, es imposible no sospechar que para sostener los subsidios (sin eso no hay negocio) se haya invertido algo de todo ese dinero para pagar las movilizaciones sociales que tanto lo defendieron. Ya habían sospechas e indicios que muchas de las movilizaciones se pagaban con dineros provenientes del narcotráfico o de la minería ilegal, pero ahora con la revelación de EXPRESO las sospechas pueden ampliarse.
¿Cuánto pierde Ecuador por los subsidios a los combustibles?
El país ha perdido demasiados recursos con todo este perverso sistema. No solo en el contrabando de estos combustibles, sino el monto destinado para el subsidio. De acuerdo a datos oficiales, sólo en las ventas de las gasolinas extra y súper, en los últimos 13 años se ha dilapidado 13,473 millones de dólares.
Si a eso se suma lo que el país perdió durante los paros indígenas destinados a evitar que se corte el subsidio, del 2019 y 2022, el escenario es indignante. Según el Banco Central, en el 2019 las pérdidas fueron de 822 millones y en 2022 llegaron a los 1.116 millones.
Los datos revelados por EXPRESO develan una cosa: pocas cosas han hecho tanto daño al país y han carcomido tanto a su sociedad como los subsidios a los combustibles.
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