La sugerencia de la Corte sobre estados de excepción, ignorada

Siguen los estados de excepción, y la recomendación de la Corte Constitucional del Ecuador por buscar nuevas rutas para evitar tomar esta medida de manera constante sigue siendo ignorada por la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, que hasta la fecha, no ha presentado un proyecto de ley o reformas al respecto.

Hasta el 19 de agosto, que la Corte publicó su último fallo con razón del estado de excepción emitido por el presidente Daniel Noboa el pasado 2 de julio, volvió a hacer hincapié en la necesidad de implementar nuevas herramientas legislativas. Pues desde el periodo del exmandatario Guillermo Lasso, desde el año 2021 al 2024 se han decretado un total de 21 estados de excepción, 16 de ellos fueron emitidos durante el periodo de Lasso y 5 desde que Noboa tomó el poder.

La razón de ellos, para la mayoría, se debe a la situación de inseguridad que somete al país.

Por esta razón, la Corte emite en sus últimos dictámenes la siguiente recomendación: “(...) Ante una problemática cuya duración es indefinida, ‘corresponde superarla mediante los cauces ordinarios, a través de la implementación de nuevas herramientas en la legislación y normativa seccional y una política pública que se ajuste a las necesidades que exige este momento y a las disposiciones constitucionales”.

Ante esta situación, EXPRESO consultó a Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, si se ha tomado en consideración estas sugerencias de la Corte. Ella supo indicar que dentro de la Comisión no existe un proyecto de ley relacionado a solventar los consejos del máximo organismo de interpretación de la Constitución. Sin embargo, recalcó que “la Ley de Seguridad Pública del Estado ya incorpora elementos alrededor de los estados de excepción”.

Además, indicó que desde su Comisión, también se ha aprobado una hoja de ruta para el tratamiento de proyectos de ley que permitan fortalecer la seguridad y el trabajo de las fuerzas del orden en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En total, han llegado seis iniciativas legales. No obstante, para los expertos en seguridad y derecho constitucional, esto no es suficiente.

Para Nelson Yépez, experto en seguridad, y André Benavides, abogado constitucionalista, que las Fuerzas Armadas formen parte de las operaciones contra la delincuencia evitaría que esta medida sea abusada.

Benavides argumenta que esta figura ha sido usada de forma recurrente por estos dos mandatarios. “Ya en la consulta se habló del tema de complementar la seguridad con la ayuda de las FF.AA., pero esto sigue sin realizarse. Con un decreto ejecutivo, se termina todo esto y salen los militares a las calles”.

Asimismo, Yépez considera que las políticas de Estado deben seguir una línea clara, como esta medida que “fue pedida por el pueblo”, asevera. Por lo que insta a la Asamblea a acatar la voluntad de la ciudadanía para que las fuerzas policiales cuenten con el apoyo miliciano.

Sin embargo, ambos consideran que además de optar por la figura del refuerzo de los agentes del orden, también se deben aplicar otras medidas como acciones articuladas entre empresa privada y elementos públicos, depuración de malos elementos (agentes corruptos), incremento de sanciones a delincuentes, mejoras en el sistema educativo, y oportunidades laborales, para así brindar más oportunidades para tratar el problema de raíz.

Mientras que Rafael Oyarte cuenta con otra perspectiva, él indica que hay dos elementos que faltan para controlar este panorama: claridad en las órdenes de la Corte y refuerzo en los órganos de seguridad. “La Corte no permite que los militares traten la situación como se indica, una guerra interna, y cumplan con los operativos que les corresponde, aniquilar delincuentes; pero lo que hacen son detenciones y ya, lo que hace un policía”, comenta.

A esto agrega, que a Ecuador le hace falta políticas de Estado permanentes que obliguen a renovaciones constantes de las estructuras de la Policía, incremento de los agentes y actualización constante de las medidas necesarias para gestionar estos crímenes que actualmente mantienen al país bajo zozobra.

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