Suman los confesos por venta de cargos
Seis procesados han optado por el procedimiento abreviado tras aceptar su responsabilidad en delito. La Fiscalía tiene más pedidos
El procedimiento abreviado se está convirtiendo en la vía más rápida, para terminar con el proceso penal que se sigue en contra de una supuesta red delictiva que traficaba con cargos públicos y que involucra a José Carlos Tuárez Zambrano, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El pasado jueves, la jueza Gioconda Ortega Segovia, de la Unidad Judicial Sur Valdivia, condenó a un año de cárcel al procesado Juan Carlos Terán Del Pozo, por el delito de asociación ilícita. El hombre asumió su culpabilidad como parte de la organización delictiva que ofertaba cargos públicos, entre los que constaban la Aduana, el Ministerio de Salud, la Dirección de Aviación Civil (DAC), por valores que superaban los 27 millones de dólares.
La sentencia se dio dentro de un procedimiento abreviado al que se acogió Terán, igual que otros cinco investigados en el caso, en un proceso que aún se mantiene en instrucción fiscal, desde el 27 de noviembre. Fecha en que se ejecutó el operativo Emperador, en varias provincias del país, y que culminó con la detención de 34 personas, entre ellas, exfuncionarios públicos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha logrado que seis de los investigados asuman su responsabilidad en el caso. A cambio, reciben la mínima condena que se aplica en el delito de asociación ilícita, sancionado con una pena privativa de libertad de menos de cinco años.
El fiscal César Suárez, de la Unidad de Administración Pública y quien investiga el caso, tiene otros tres pedidos de igual número de procesados que se quieren acoger al procedimiento abreviado.
Los pedidos se aceleran tras el rechazo de los recursos que han planteado algunos de los investigados, entre ellos, José Tuárez. La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas le negó una acción de habeas corpus y la apelación a la prisión preventiva, que lo mantiene en el Centro de Detención Provisional (CDP), en Guayaquil.
La investigación podría extenderse otros treinta días más, con una nueva vinculación que ha anunciado el fiscal, tras las pericias de audio y video que han realizado a los teléfonos celulares, computadoras, y demás dispositivos electrónicos que incautaron a los procesados. En ellos han descubierto llamadas y hasta un chat relacionado a los cargos que ofertaban.
En detalle
Simbólico
Además de la cárcel, Terán deberá ofrecer disculpas públicas a su familia y al Estado, como una reparación integral simbólica que deberá hacerla a través de las redes sociales. También, está impedido de ser candidato en elección popular, contratar con el Estado y desempeñar empleos o cargos públicos, durante diez años.
Audiencia
La última opción que buscaban ocho de los procesados, para levantar la prisión preventiva, se dilata. En atención al principio de concentración y de igualdad, la jueza Ortega dispuso que la revisión de la medida se desarrollará el día que convoque a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Aún no tiene fecha.
