El sumario contra Verónica Abad riñe con la norma constitucional
Los expertos cuestionan la interpretación de la ministra de Trabajo sobre la vicepresidenta. Advierten más efectos
Una sanción administrativa es el nuevo recurso que el Gobierno aplica con el objetivo de apartar a Verónica Abad de su cargo en la Vicepresidencia de la República.
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El proceso marca otro capítulo que se abre en la pugna entre el presidente Daniel Noboa y la segunda mandataria.
Las acciones contra Abad
Primero se la envió a Israel; el intento de procesarla por el caso Nene, que no prosperó gracias a la Asamblea Nacional y las denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una por supuesta campaña anticipada cuando se candidatizó a la Alcaldía de Cuenca y el proceso que interpuso Diana Jácome, asesora presidencial, por supuesta violencia política de género, que siguen su trámite.
El artículo 229 de la Constitución señala que “serán servidores públicos todas las personas que ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”; y la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) son normas que invoca la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, como la base legal por la que se abrió el sumario administrativo.
Todo, a raíz de la demora de Abad para ir a la Embajada de Ecuador en Turquía. El decreto presidencial del 8 de agosto le ordenó desplazarse de Israel a Ankara y ella comunicó que viajaba al país europeo el 9 de septiembre.
¿La Constitución o la Losep?
Núñez ha explicado en entrevistas que Abad está siendo sumariada como servidora pública y no como vicepresidenta. Los detalles de este proceso se desconocen. EXPRESO solicitó información al Ministerio de Trabajo sobre si ya se notificó a la segunda mandataria sobre el sumario administrativo, pero no hubo respuesta.
“La interpretación del Ministerio es muy literal y restringida porque está obviando que el marco constitucional es superior a la Losep. Es cierto que es una funcionaria pública, pero fue elegida por votación popular”, precisa la constitucionalista Maya Carbonell. Advierte que el criterio que se maneja “es una tergiversación, debe mirarse el marco constitucional”.
Su colega, Esteban Ron, decano y experto en Derecho Constitucional, recuerda que quien ocupe la Vicepresidencia de Ecuador solo será apartado del cargo por terminación de período, renuncia, destitución, incapacidad o abandono del cargo, según el art. 145 de la Carta Magna.
Además, señala que el reglamento para destituirla se reformó después de la supuesta falta y la norma no es retroactiva, “no puede ser juzgada por actuaciones anteriores. Veo un mecanismo de presión política” dice y precisa que entre los causales de destitución no está el de incumplimiento de funciones. Si se buscara destituirla, solo se puede efectuarlo con un juicio político que debe desarrollarse en el Parlamento.
¿Sumarios contra otras autoridades?
El director del Centro de Estudios de la Política Laboral, Gabriel Recalde, considera que “hay una interpretación excesiva de la norma por parte del Ministerio porque los funcionarios electos por votación popular tienen un marco jurídico diferente. Se está desnaturalizando el ámbito, la competencia que tiene”.
El experto teme que este caso podría presentar un mal precedente en contra de otros funcionarios. “Como está la reforma, podrían hasta pedir sumarios administrativos contra alcaldes y jueces para destituirlos”, cuestiona.
Una opinión diferente tiene Ider Salgado, experto en Derecho Laboral. Señala que, aunque la Constitución establece que los funcionarios públicos deberán cumplir con sus obligaciones, “el Estado debe identificar los elementos de incumplimiento de funciones, la motivación, y aún se deben ver las pruebas de descargo y la defensa de la vicepresidenta”.
Abad interpone una acción de protección
Verónica Abad presentó una acción de protección con medidas cautelares la tarde del jueves. El recurso lo interpuso en contra del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría, luego de que Ivonne Núñez habló del inicio de un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria.
Según el Sistema de Trámites Judiciales (Satje), la acción fue asignada a la jueza Gloria Mayorga Velarde, en la Unidad Judicial Penal en Quito. La magistrada deberá fijar fecha y hora para resolver esa petición.
Además, Abad solicitó al Legislativo que investigue las acciones de Núñez y de la canciller Gabriela Sommerfeld. A la primera la señala por “atribuirse funciones” y a la canciller la menciona por “lo relativo al trato persecutor y denigrante”, de acuerdo con un documento que Abad envió al Parlamento.
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