La reedición de una ley de medios revive al fantasma de lo que fue la Supercom

Mientras la Ley de Comunicación, conocida como ‘ley mordaza’, estuvo vigente, desde junio de 2013, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) fue su brazo ejecutor. Lo recuerda el abogado Johnny de la Pared, quien precisa que el organismo se encargó de imponer multas y sanciones a los medios.

¿Cuál es el antecedente?

Una vez que Xavier Lasso, asambleísta electo por la RC, dijo que le interesa impulsar esta ley, incluso su coidearia y presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, descartó que se trate de una posición del movimiento. Sin embargo, habló de su rechazo al uso de medios digitales para dañar la reputación.

La opinión de los abogados

Sobre eso, el abogado Lenin Hurtado subraya que todos tienen derecho al buen nombre y a preservar su reputación. Pero remarca que es posible defenderse de injurias con la Ley de Protección de Datos y que los estándares son más laxos para un servidor público. Inclusive serviría el Código Orgánico Integral Penal, en esos casos, dice.

Johnny de la Pared cree probable que Lasso, una vez posesionado, presente un proyecto, para reeditar los orígenes de la ley. Sin duda, con multas, que pueden desequilibrar financieramente a los medios y llevarlos al cierre, reflexiona el abogado.

Las experiencias con la Supercom

Para comprobarlo solo hace falta revisar archivos. Por ejemplo, EXPRESO fue multado porque un día, supuestamente, no cumplió con el porcentaje de notas con temas interculturales. “En esa época de la Supercom, con Carlos Ochoa a la cabeza, hoy prófugo, se imponían sanciones por actos disparatados. El organismo denunciaba, también seguía de oficio el trámite materia de la denuncia y sancionaba”.

En esa época, también había sanción por no publicar ciertos temas. En el 2017 se castigó a siete medios por no replicar en sus espacios un reportaje titulado en Página 12: ‘Lasso, el magnate de las offshore’.

Hurtado defendió al caricaturista Xavier Bonilla (conocido como Bonil), acusado por grupos de afroecuatorianos de discriminar al entonces asambleísta y exfutbolista Agustín Delgado, con una caricatura. “Lo criticó en su calidad de legislador, no por ser un hombre negro. Yo no habría participado si se hubiera tratado de racismo”.

La abogada Priscilla Falconí también hace memoria. En 2014, EXPRESO publicó una nota contando que la Contraloría estableció una glosa por 29,3 millones de dólares en un contrato de la Refinería del Pacífico. La Supercom multó al medio con el 2 % y exigió que “la rectificación de tres párrafos sea colocada en el mismo espacio en el que se publicó esa nota”.

Falconí contó que en una oficina de la Supercom se monitoreaba lo que publicaban los medios impresos. Había televisores para revisar lo que emitían los canales. “El Estado, a través de la Supercom y Ochoa, usó la ley de forma discrecional. Hasta un alcalde pidió rectificación porque no se cubrió su evento”.

¿Qué dijo la Corte Constitucional?

Años después, con sentencias como la No. 3-22-OP/22, la Corte Constitucional aceptó la objeción a 12 artículos que presentó el entonces presidente Guillermo Lasso. Admitió que no se podía eliminar la opinión de los contenidos comunicacionales, ya que es parte del derecho a la libertad de expresión. Tampoco aprobó la censura previa generalizada, que desnaturalizaba el concepto y tornaba imposible la labor de los editores, entre otros puntos. 

Contexto

Hoy, periodistas de zonas peligrosas del país se han exiliado ante amenazas del crimen organizado. También se reclama por la precarización laboral.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO.