El superintendente que busca blindar los datos de impuestos de servidores públicos

Con 48 años, Fabrizio Peralta ostenta varios títulos académicos: Abogado, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, y máster en Informática y Derecho. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector privado.

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El primer superintendente de Protección de Datos Personales atiende a EXPRESO, por videoconferencia, desde su despacho particular. Aún no tiene oficina pública. Él espera que en 60 días ya esté operativa la institución que, dice, controlará de forma “aleatoria” que empresas, instituciones y otros actores protejan la información privada de los ciudadanos. Además de sancionar conductas, como las que casi rayan en el ‘acoso’ por incesantes llamadas telefónicas comerciales.

P: ¿Cuáles son las quejas comunes que ha conocido sobre abusos de tratamiento de datos personales?

R: Las menciones que leo en X, que no las puedo tramitar como denuncia y sancionar (multas) porque no tengo capacidad operativa, son llamadas telefónicas de call centers de compañías de seguros, de emisión de tarjetas de crédito, de compañías de telefonía, que llaman a ofrecer planes, coberturas médicas. Cuando los ciudadanos solicitan al operador telefónico que llama, que lo borren de la base de datos para que dejen de repetirse las llamadas y no lo hacen.

P: Teniendo en cuenta este y otros casos, ¿qué dice la ley sobre el uso de la información personal y cuál es la función de la entidad que usted lidera?

R: Nadie escapa al espectro normativo de la ley (Ley de Protección de Datos Personales, promulgada en 2021). Centros de salud públicos y privados, demás instituciones, deben tomar medidas organizativas, jurídicas, tecnológicas, técnicas para evitar que datos como aquellos puedan eventualmente acabar en manos de terceros sin autorización.

P: ¿Qué hace falta para que la Autoridad de Protección de Datos Personales esté operativa (La Ley de Protección de Datos dio dos años para que los actores que manejan información de ciudadanos regulen su uso y soliciten el permiso)?

R: Me designan superintendente, pero no existe Autoridad de Protección de Datos Personales. Existe en la ley, pero sin operatividad alguna. Mi primera misión consiste en echarla a andar. Me hallo en las gestiones a nivel burocrático que deben seguirse para que una institución creada pueda comenzar su andadura. Estoy trabajando con un equipo de técnicos, de manera ad honorem, para que el Ministerio de Trabajo apruebe el organigrama de arranque y hecho esto el Ministerio de Finanzas debería darme presupuesto.

P: ¿Cuánto necesita de dinero y cuáles son los tiempos para que eso suceda?

R: $ 2 millones. Espero que no demore más de 60 días, pero los plazos no los manejo yo, los maneja la alta burocracia.

P: Una vez operativa la Autoridad de Protección de Datos, ¿qué acciones se tiene previsto ejecutar para controlar que se cumpla la ley?

R: Desde mi punto de vista, el control no puede ser exhaustivo porque no vamos a contar con recursos suficientes para hacerlo. Es quimérico suponer que podremos hacer controles exhaustivos. Habrá que hacer controles aleatorios, a través de auditorías, y aleatorios, quiere decir a la suerte, al que le toque: Al responsable, al encargado del tratamiento de datos personales que le toque, para establecer si han podido establecer las medidas que establece la ley (para proteger la data de sus clientes, por ejemplo).

P: En declaraciones públicas, usted ha dicho que todos los datos personales deben tener restricciones, incluso aquellos de los funcionarios públicos. ¿Y qué pasa con el escrutinio público? La transparencia, la fiscalización desde el periodismo u organizaciones civiles.

R: Yo no creo, al amparo de la ley vigente, que este tema tenga matices; en el sentido, si son medios de comunicación, a ellos se les puede dar acceso ilimitado para fiscalizar al poder y determinar cuánto el abogado Peralta pagó impuestos en el año 2021. Todos los ciudadanos, inclusive los que estamos en la función pública, estamos amparados por esa ley. La ley no hace un matiz, (por decir) ah no, el derecho a la protección de datos personales solamente ampara a todos los ciudadanos que no estén en desempeño de la función pública.

P: Entonces usted se reunirá, cuando esté operativa la institución, con otras entidades, para que se cumpla la ley...

R: Los datos personales, dice la ley, están sujetos a confidencialidad. En teoría, yo no tendría que reunirme con las autoridades, pero evidentemente tendré que reunirme.

P: Desde la perspectiva del periodismo, ¿no cree que eso podría afectar el trabajo para revelar irregularidades, por ejemplo, en declaraciones de bienes de funcionarios? Porque como periodistas no vamos a decirle a ese funcionario: Mire, estamos revisando esto o pedirlo porque eso sería ponerlo en sobreaviso.

R: Y yo lo hablo desde la perspectiva de la institucionalidad. Yo entregué mi declaración juramentada antes de posesionarme y ¿a quién le incumbe si está bien o está mal lo que declaré? A la Contraloría.

P: Le incumbe también al pueblo. Usted está ganando un sueldo de recursos públicos...

R: Pero la institucionalidad está basada en la Constitución, aprobada por el pueblo. Y el pueblo determinó que las instituciones, llámese Fiscalía, Contraloría, son los órganos que deben fiscalizar.

P: Pero eso en una utopía, en la que las instituciones funcionan y no donde hay funcionarios corruptos. No estamos en Europa. Estamos en Ecuador. Y ya lo hemos visto con Metástasis, Purga...

R: Si yo me valgo de esta muletilla de que estamos en Ecuador, entonces apaguemos la luz y no hagamos nada. Yo no voy a hacer más que cumplir lo que la ley dice.

P: ¿Y podría considerarse un mecanismo para que determinados actores de la sociedad continúen fiscalizando al poder público o a estructuras mafiosas en el sistema de compañías que buscan ser contratistas?

R: Habría que analizarlo. Debería haber bastantes filtros (...). No estoy negando a la prensa su rol. Yo soy una persona de pensamiento económico-liberal y creo en la libertad de prensa definitivamente. Ustedes cumplen un rol, pero estamos hablando de la ley.