Suplir las falencias, objetivo del acuerdo marítimo con EE.UU.

El acuerdo firmado en septiembre de 2023 por el gobierno de Guillermo Lasso para que Ecuador y Estados Unidos trabajen en conjunto para el combate del crimen organizado en aguas nacionales no viola el artículo 419 de la Constitución.

¿La razón? Es porque su fin es exclusivamente la cooperación para hacerle frente a los casos de tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y pesca ilegal no declarada ni reglamentada.

“Es un entendimiento de colaboración... No estamos aquí cediendo territorio, no estamos tomando límites de países vecinos. Ni de lejos es una alianza política, es un acuerdo de cooperación.  Una alianza de orden militar es lo que hubo en las guerras mundiales como Japón, Estados Unidos y Reino Unido en postura para actuar”, enfatiza el constitucionalista Ismael Quintana.

La CC publicó en sus redes sociales un comunicado para enfatizar que la firma del documento contempla asistencia en la tarea de interceptación de actividades marítimas.

Por tal sentido, el también constitucionalista Alejandro Rodas resalta que las intenciones del Estado ecuatoriano es fortalecer las áreas que deben ser fortalecidas como por ejemplo las deficiencias en temas    de tecnología, equipos y dominio de conocimientos.

“La seguridad de un país es un tema muy amplio, siempre se busca apoyo internacional y hay que ser realistas, no tenemos recursos, insumos y herramientas. Si es que no las tengo, las debo de buscar para poder enfrentar. Lo importante es combatir al crimen organizado”.

Frente a los cuestionamientos de ciertos sectores que sustentan una posible violación a la carta magna, los expertos legales subrayan que en primera instancia ya hubo el pronunciamiento de la CC y según los procesos el actual mandatario está habilitado para cumplir con la ejecución de los documentos.

“No hay riesgos que impliquen pasar los límites que la Constitución señala para realizar este tipo de actividades en el artículo 5 y el 419. Tampoco se habla de instalar bases militares extranjeras, es un tema de entendimiento y colaboración”, apunta Quintana.

Mientras que Rodas fue más crítico en recordar que si el expresidente Rafael Correa no hubiese quitado la base de Manta, en la actualidad Manabí no tuviese los problemas de seguridad y narcotráfico que hoy lo aqueja. “Pero ahí no hubo cuestionamientos. Eso es irse por la tangente, lo  más importante es devolver la paz a Ecuador”.

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Al tiempo que Quintana dice que si otro país considerado potencia puede ayudar y manifiesta de forma tangible su voluntad, debe ser bienvenida su propuesta bajo el análisis correspondiente. 

• Lo que dice la ley

1. Constitución: El artículo 5 indica que “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares”. De acuerdo a expertos en la materia, el acuerdo firmado no incumple con esta orden de la Carta Magna de 2008.
2. Tratados:  El artículo 419 de la Constitución expone que:    “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:    se refieran a materia territorial o de límites”. Situación que no se toca en el acuerdo    de Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas.
3. La firma: El acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza que también se suscribió en septiembre, la Corte Constitucional indicó que consiste en un marco regulatorio de Ecuador para aplicarlo para personal extranjero dedicado al entrenamiento, actividades humanitarias y de cooperación para abordar temas compartidos.

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