Cómo sustituir un contralor por otro que no acabe preso

Se trata de evitar que el subrogante del subrogante sea principalizado como contralor general del Estado por un acto administrativo emitido, por ejemplo, desde una cárcel. Parece un caso extremo pero es exactamente lo que ocurrió. Con el penúltimo contralor (Carlos Pólit) convertido en prófugo de la justicia y el último (Pablo Celi) preso y procesado por recibir sobornos para desvanecer glosas, la Asamblea Nacional no tiene más remedio que legislar para los extremos. Por eso las reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, cuyo primer debate se cumplió este lunes en el Pleno, trata de cubrir todas las posibilidades.

Las reformas se centran en los mecanismos de sucesión en caso de renuncia, censura y destitución, enjuiciamiento, prisión, fuga o cualquier otra forma de ausencia temporal o permanente del contralor. Las dos últimas han sido, por decir lo menos, sospechosamente irregulares. El proyecto en discusión unifica las propuestas de nueve asambleístas de todas las bancadas con excepción del correísmo y fue presentado por el legislador de Izquierda Democrática Dalton Bacigalupo, que actuó como ponente.

Las diferencias entre los correístas y el resto del mundo tienen un nombre: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El proyecto quiere evitar que la designación del nuevo contralor regrese al organismo más desprestigiado de la democracia ecuatoriana. Por eso propone “volver los ojos al concurso” que sirvió para elegir al titular y principalizar al segundo mejor puntuado.

Sofía Espín, a nombre de su bancada, rechazó esa idea. Reflexionó que esta nueva designación (“designamiento”, según feliz neologismo de su colega Jhajaira Urresta) puede ocurrir años después del concurso. Y en ese período, dijeron ambas, cualquier cosa puede ocurrir con el segundo mejor puntuado: podría estar preso, por ejemplo. Dicho por asambleístas del correísmo, suena verosímil. Por eso quieren que la decisión vuelva al CPCCS. Así se aseguran de que, en caso de que el nuevo contralor termine prófugo o en la cárcel, esto ocurra después de nombrado, no antes.