La tabla de drogas, ¿el origen del mal o solo mal aplicada?

Un caldo de cultivo. Lo que parecía ser una solución a la discriminación y abuso que sufrían consumidores de sustancias estupefacientes que caían en manos de la justicia; hoy, se ha vuelto no solo en un dolor de cabeza para las autoridades, sino en una clara amenaza para la convivencia de la sociedad, en general: la tabla de consumo de drogas.

El pasado 17 de julio, tres adolescentes fueron asesinados afuera de un negocio ubicado en el cantón Durán, perteneciente a la Zona 8 de Guayas (incluye Guayaquil y Samborondón). ¿Los responsables? Otros tres menores de edad, supuestamente integrantes de bandas de microtraficantes que, de a poco, ganan terreno en esa jurisdicción para el consumo y venta al menudeo de drogas.

Sobre el hecho, el coronel Fernando Vaca, jefe del subcomando norte del Distrito Metropolitano de Guayaquil, lamentó que sea la tabla de consumo la que “ha influenciado en el crecimiento de adictos y microtraficantes”, por lo que pedía una urgente revisión a esa herramienta, además del Código de Adolescentes Infractores; los que, en su conjunto parecerían favorecer más bien al narcotráfico, por la utilización de menores de edad en delitos conexos, como el sicariato.

Pero, ¿realmente esa es la solución a un problema que carcome a los jóvenes y niños?

La exasambleísta Gina Godoy está segura que esa no es la solución. “Estas coyunturas son repetitivas, son recurrentes, porque son las mismas cada vez que se producen hechos que provocan conmoción ciudadana, que ponen en evidencia hechos como el ocurrido ese fin de semana en Durán. Y me remonto a la coyuntura del debate del COIP (Código Orgánico Integral Penal) que se manifestó de manera insistente que el tiempo de privación de libertad para los adolescentes debía ser mayor. Se duplicaron los tiempos de medidas de internamientos. El COIP está en vigencia desde el año 2014, a la fecha ¿qué ha pasado?, no sirvió”, concluye Godoy.

La tabla de consumo de drogas fue elaborada en 2007, por el desaparecido Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), durante el gobierno de Rafael Correa.

Aunque los jueces ya tenían una tabla para diferenciar al adicto de un microtraficante, lo que en la práctica no daba resultados, el nuevo instrumento fue cuestionado por las exageradas cantidades que se establecieron para el porte o tenencia ilegal en mínima, mediana, alta y gran escala de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para las respectivas sanciones. Tras un nuevo debate, se establecieron cantidades menores.

“El problema con la tabla es que fue mal socializada”, sostiene la psiquiatra Julieta Sagñay, quien atiende a diario a personas con adicciones a drogas. Ella cree que al redactarse en el texto frases como: “la cantidad admisible para uso personal”, hizo que se disminuyera el riesgo entre los jóvenes y provocó un “tsunami”. “Fue la mala interpretación de los cerebros inmaduros y poco flexible de los jóvenes, que lo tomaron como algo permisivo”, señala la profesional.

Eso, añade, confundió muchas cosas. La tabla no puede ser un instrumento de diagnóstico para diferenciar entre el adicto y el narcotraficante; para hacerlo, se debe tener un equipo multidisciplinario donde se utilicen varias herramientas técnicas para discriminar si esta persona es un consumidor compulsivo.

En su experiencia con pacientes con adicciones, explica que cuando un consumidor compulsivo de H (la de mayor consumo entre menores de edad) está en plena actividad, 0.1 gramo no sirve de nada.

“Eso es en la primera etapa de su adicción, cuando está experimentando. Un adicto crónico consume hasta tres gramos, entonces, ¿qué hizo la tabla?, hizo que estas personas sean encarceladas, logró encarcelar una enfermedad. No hay ningún narcotraficante grande en las cárceles, están presos los consumidores”, determina la profesional.

En eso concuerda Sebastián, un intelectual que consume marihuana desde su adolescencia. “La tabla está recontra que mal hecha, pero para mí como consumidor de cannabis es una garantía”, señala al recordar que fue a partir de la creación de ese instrumento que todo cambió.

“Toda esta revolución empezó por el 2007 más o menos. Antes de esa fecha, a nivel popular solo se vendía marihuana y base. La coca era un producto exclusivo y la H no existía. Si usted iba a Bastión, al suburbio, Las Orquídeas, Los Vergeles, solo había cannabis y base, pero a partir de esa fecha se ‘democratizó’ la coca, el cannabis cambió (se introdujo el cripi), el crack reemplazó a la base y entró la H”, sintetiza el hombre.

Para él, 10 gramos de marihuana es bastante. “Me dura dos semanas y, perfectamente se podría reducir, si eso ayuda a diferenciar al adicto del microtraficante”.

Señala que con 20 dólares se asegura una onza, que son 28 gramos. Pero para adquirirla ve riesgo por todos lados. Si compra de a poco tiene que hacer varios viajes; pero si compra mucho, está el peligro que lo agarre la policía y lo acusen por posesión, como le ocurrió en 2006. A un amigo que consume la llamada ‘perica’ o cocaína le parece bien la dosis “permitida” de un gramo, para diferenciar a un adicto de un microtraficante; sin embargo, asegura que hay consumidores que compran hasta tres gramos diarios para su uso nocturno.

Un proceso integral

Tanto Godoy como Sagñay sostienen que lo que se requiere son cambios integrales que no solo deben ir de la mano del Gobierno, sino de autoridades locales, administradores de justicia y la sociedad en su conjunto.

“Esto es un proceso integral en el que deben participar todos (...) para identificar los focos de mayor riesgo y con programas de intervención dirigidos, donde se pueda identificar a los chicos para que no estén en tiempos de ocio expuestos, en una esquina, a situaciones de riesgo”, recomienda Godoy.