Tarde y obvia, la respuesta legislativa ante la inseguridad en el país
La resolución no despeja sospechas de conspiración. Las condolencias y solidaridad pudieron llegar antes. Insisten en la comparecencia de funcionarios
Su futuro parece que será el mismo que el del centenar de resoluciones aceptadas hasta el momento. La aprobación en la Asamblea Nacional de la resolución sobre la situación de inseguridad en el país deja la sensación de que poco o nada aportará para resolverla y que se forzó cuando se cayeron los planes desestabilizadores.
Indicios hay varios. El bloque correísta, que hasta antes de la sesión del lunes solo pensaba en los 92 votos como solución para “ponerle fin al problema”, terminó votando por condenar los atentados terroristas perpetrados por el crimen organizado y apoyando las acciones emprendidas por el Gobierno, aunque con reparos.
Para el coronel del Ejército (sp) Alberto Molina, integrante de la Comisión Anticorrupción capítulo Guayas, este documento aprobado es producto de, al menos, dos factores: la presión ciudadana y el fracaso de los ensayos para buscar caminos para destituir al presidente Guillermo Lasso en los que, dijo él, habrían estado correístas y socialcristianos.
Un aporte significativo no existe en el documento. Se habla de la compleja situación de Fuerzas Armadas, pero no dicen desde cuándo y con quién comenzó el problema.
Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea, aseguró ayer que no ha habido ni una sola conversación, mensaje de texto o llamada para hablar del tema y calificó como “pirotecnia” cualquier mensaje en redes sociales como los publicados por el expresidente Rafael Correa, que ya hablaba de elecciones anticipadas.
En los 17 puntos que contiene la resolución hay algunas contradicciones. Por ejemplo, se respaldan las acciones ejecutadas por las autoridades para recuperar el control de las prisiones, pero seis puntos más abajo se “exige” que realicen acciones inmediatas para retomar el control de las prisiones, donde se estarían gestando los hechos de violencia.
Para el general (sp) Paco Moncayo, excongresista y exalcalde de Quito, la resolución suma algunos puntos positivos, más por la presión ciudadana que por la convicción generalizada de los asambleístas, y un sinnúmero de obviedades que se hacen evidentes porque la Asamblea llegó tarde, luego del feriado, a tratar el tema de la inseguridad.
Temas como la solidaridad con los ciudadanos víctimas de la violencia, así como el respaldo a las fuerzas del orden que enfrentan a los criminales (acciones que dejan seis uniformados fallecidos en los últimos días), merecían un pronunciamiento institucional incluso antes de que se efectúe la sesión del pleno del lunes.
La Asamblea se pudo solidarizar mucho antes y no lo hizo. En la resolución quieren mostrar una cara amable y darle una forma a temas que no han tratado por mucho tiempo.
A Moncayo se le hace sospechoso que en plena situación de combate a la inseguridad, en la resolución se insista en la comparecencia de los funcionarios encargados de dirigir las acciones y que incluso se pretenda distraer las decisiones que debe tomar el jefe de Estado por acciones conspirativas de la Asamblea.
“Guardando las distancias, pero es como si me hubiesen llamado a dar explicaciones al Congreso cuando estaba dirigiendo las operaciones en Patuca (en el conflicto con Perú). Eso no tiene lógica. Ahora hay que dejar que se hagan las cosas y luego, por supuesto, puede y debe haber un control político”, argumentó Moncayo.
Esta resolución será enviada a todas las funciones del Estado, según lo aprobado por 120 legisladores.
