Tarjeta única: un martes adjudicaron el contrato y un día después aprobaron ordenanza
El Municipio de Guayaquil impulsó el proceso para seleccionar al proveedor del servicio de recaudo de pasajes de buses que durará hasta 20 años
En unos días se cumplirá un mes del envío de las solicitudes de entrevista que Diario EXPRESO hizo al Municipio de Guayaquil y a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para abordar los detalles de la definición del proyecto de la promocionada tarjeta única o sistema de recaudo inteligente. Con ese dispositivo tecnológico, el Cabildo prevé que los ciudadanos paguen el pasaje de la transportación pública convencional y del sistema Metrovía.
Hay varias interrogantes que siguen sin respuesta, que también surgieron de los participantes del proceso de selección del proveedor de ese sistema de recaudo, aquellos que fueron descalificados por “no cumplir con los requisitos”: ¿Por qué los plazos del concurso fueron cortos? ¿Por qué los requerimientos tenían un nivel de especificidad que pocos podían cubrir (algo que los oferentes percibieron como un direccionamiento)? Por ejemplo.
El 16 de febrero de 2022 se publicaron los pliegos, el 11 de marzo terminó el plazo de la entrega de ofertas y el 12 de abril del mismo año se adjudicó dicho servicio, sin mayor socialización y difusión oficial.
Hasta el domingo 12 de febrero de este año, los ciudadanos desconocían que Alcolisti S. A., el ‘eterno’ proveedor de fotorradares de la ATM, es parte del consorcio ganador. Al día siguiente, este Diario publicó el reportaje “Cynthia Viteri ató el transporte a veinte años”, en el que se presentaron detalles del proyecto de la tarjeta única, que establece un ingreso de $ 0,02, por cada pasaje pagado y consumido, a favor del Consorcio STG, por la gestión del servicio, según los documentos. Ni el consorcio ni Alcolisti S. A. han contestado un pedido de entrevista de este Diario.
No es que se va a lanzar el concurso, no, ya fue. En 2023, la tarjeta empieza a funcionar.
En la revisión de documentos, posterior a la más reciente publicación, también han surgido otros detalles que retratan la forma en que se concretó la selección del aliado estratégico, que ocurrió el 12 de abril del 2022, a puertas del último año de gestión de Viteri.
Esa adjudicación se registró un día antes de que el Concejo Cantonal aprobara en segundo debate (13 de abril de 2022) la “Ordenanza que regula implementación de un sistema de cobro de tarifas de transporte a través de medios electrónicos para todas las operadoras de transporte terrestre público de la ciudad de Guayaquil”.
En los dos debates, registrados el 7 y 13 de abril de 2022, doce concejales votaron a favor y tres se abstuvieron (los de oposición).
En el primer debate, la edil Lídice Aldás tuvo inquietudes: “Me falta alguna información (...). Es como un cascarón que no sé qué tiene adentro del todo”. Por otro lado, ella consideró que el proceso de selección del proveedor del servicio de recaudo se llevó con un aparente apuro y sin un orden. “El tema de la tarjeta lo debió haber asumido la nueva administración”, comentó la concejala, el domingo 26 de febrero pasado.
Héctor Vanegas también presentó una observación el 13 de abril, por un vacío en el apartado de sanciones en el texto de la propuesta de ordenanza.
EXPRESO intentó contactar a la concejala Consuelo Flores, quien mocionó el tratamiento del proyecto y defendió sus bondades en las dos sesiones, pero no contestó, tanto el 14 como el 24 de febrero pasados.
Las circunstancias y tiempos para concretar el proyecto y la ordenanza llaman la atención de Diego Cevallos Salgado, integrante de Gobernanza Local EC, una organización de expertos en procesos de gestión local con gobiernos autónomos.
“Deberá verificarse que exista una justificación técnica, financiera y jurídica para el proceso de selección de un socio estratégico y que en el proceso, como tal, se hayan observado las formalidades definidas para el efecto en la Ley de Empresas Públicas y demás normas que rigen los procesos asociativos de las empresas públicas”, sugiere. Él también advierte de potenciales amenazas legales para la administración pública por la aprobación de legislaciones, cuyas modificaciones a las ‘reglas del juego’, pudieren afectar las condiciones de un negocio preestablecido.
NEGOCIO BAJO LA SOMBRA DEL MUNICIPIO
El Consorcio STG está compuesto por Metrogrupsa S. A., Lenín Hernández y BPC-AG, según los documentos. El principal accionista de Metrogrupsa S. A. es Alcolisti S. A., el proveedor estrella de la ATM de Guayaquil, de fotorradares, semáforos y otros ítems de tránsito: 35 adjudicaciones de contratos, entre abril del 2015 y agosto de 2022, que representan $ 45,3 millones.
En el negocio de la tarjeta única, el consorcio tendrá que invertir un presupuesto inicial de $ 23 millones.
