El TCE archiva la denuncia por violencia política de género contra el presidente Lasso

Fue inadmitida. La denuncia presentada en contra del presidente Guillermo Lasso por supuesta violencia política de género fue archivada. El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, decidió no admitir a trámite el pedido presentado por Angélica Porras, de la organización Acción Jurídica Popular, por no cumplir con los requisitos legales. La denuncia alcanzaba también al vicepresidente Alfredo Borrero y a los ministro del Interior, Patricio Carrillo; y de Defensa Nacional, Luis Lara.

La denuncia fue presentada por un hecho puntual durante los días del paro nacional de junio pasado. El pedido es una respuesta a la reacción de la fuerza pública el pasado 23 de junio cuando, a decir de Porras, reprimió a un grupo de mujeres líderes indígenas en el ingreso a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto, explicó la denunciante a EXPRESO, representa un hecho de violencia política de género porque violentó el derecho a la protesta de las líderes indígenas.  

Entre los criterios del juez Viteri, la denunciante "no identifican ni precisan qué personas -que pudieran ser las presuntas víctimas- tienen las calidades de dirigentes y/o lideresas sociales y políticas, ni acreditan de ninguna forma dicha afirmación, omisión que impide establecer el nexo entre los hechos atribuidos a los denunciados y la presunta existencia de agravios en contra de alguna persona".

Entre los criterio de Viteri también destaca que la denuncia refiere a actos de violencia contra mujeres, lideresas sociales y políticas, una afirmación "extremadamente general" a decir del juez.  "No precisa en lo absoluto quién o quiénes son las presuntas victimas de alguna infracción electoral, ni tampoco cuáles son los agravios que pudieran haber generado los actos denunciados, ya sea en contra de alguna dirigente o lideresa social y/o política, o contra los mismos denunciantes". Por estas y otras conclusiones, el magistrado electoral decide archivar el proceso en contra del primer mandatario, el segundo mandatario y los dos ministros del Estado.