El TCE define si retira o mantiene los derechos políticos de Jorge Yunda
Analizan el pedido de aclaración y ampliación en un caso de infracción electoral. Yunda busca la Alcaldía de Quito
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se reúne la tarde y noche de este 22 de diciembre de 2022 para resolver un pedido de aclaración y ampliación a la sentencia en el caso de infracción electoral en contra de Jorge Yunda.
Esto provocó la movilización de sus partidarios que se ubican en los exteriores del organismo de justicia electoral para rechazar la decisión de los jueces de revisar el proceso cuando falto algo más de una semana para que inicie la campaña electoral. Yunda busca la Alcaldía de Quito.
La denuncia por infracción electoral fue presentada por el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas. En agosto, el TCE llegó a la conclusión de que Yunda cometió una infracción electoral grave ratificando la validez de la destitución aplicada por el Concejo Metropolitano en junio.
Sin embargo, la defensa de Yunda, apoyado por el pronunciamiento del juez electoral Richard González, ha rechazado el fallo de segunda instancia aduciendo posibles irregularidades en el documento. Incluso hablan de un fraude procesal.
La candidatura de Yunda fue la primera en ser calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Si los jueces electorales ratifican la sentencia de segunda instancia el exalcalde perdería definitivamente los derechos políticos.
Oficialmente, no se conoce si eso podría afectar su candidatura, pero sí tendría incidencia, si eventualmente Yunda gana las elecciones, al momento de tomar posesión del cargo.
En las redes sociales, los coidearios del exalcalde rechazaron la decisión de los jueces de tratar el caso este 22 de diciembre. El propio Yunda escribió: “3 jueces que se excusaron y no conocieron la causa quieren aclarar una sentencia emitida por otros y que es objeto de un delito penal. Todo porque saben que en las urnas gano. ¿Tendrán idea de lo que van a hacer y las consecuencias penales?”
En este trino etiquetó a la Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
