El TCE remite a la Fiscalía General indicios penales contra cuatro vocales del CNE
El Tribunal Contencioso Electoral emitió hoy una nueva resolución que tensa aún más la situación dentro de la Función Electoral
Con la misma moneda. Pocos días después de que los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita y Luis Verdesoto, presentaran una denuncia en la Fiscalía por presunto prevaricato en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), este último le responde. Hoy, el organismo de justicia electoral emitió una resolución en la que decidió remitir a la Fiscalía General del Estado información sobre indicios de responsabilidad penal en los que hubieran incurrido Pita y Verdesoto, junto a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Cabrera, en base al artículo 267 del Código de la Democracia.
El pleno del Tribunal realiza un análisis sobre el cumplimiento de la sentencia 080 en la que dictó medidas de reparación integral a favor de Justicia Social para que este pueda inscribir sus candidaturas para las elecciones del 7 de febrero de 2021. En su análisis, los magistrados electorales revisan todo lo sucedido desde el 30 de octubre que se dictó el fallo pasando por el 5 noviembre que el CNE aprueba las medidas de reparación y por el 11 de noviembre cuando el mismo Consejo reconsidera esta decisión con encontrar presuntas ventajas a favor de Justicia Social en desmedro de las otras organizaciones políticas. Llegando incluso a la resolución del pleno del 14 de diciembre pasado en la que decide llevar la pugna interna a la Corte Constitucional para que dirima sobre un presunto conflicto de competencias.
El Tribunal Contencioso Electoral desestima la supuesta existencia de conflicto de competencias aducida por cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, sin perjuicio del pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Función Electoral tiene el deber ineludible de realizar los actos necesarios, pertinentes y oportunos para concretar la expresión democrática del pueblo ecuatoriano.
El Tribunal insiste en que su fallo es de última instancia y que “la omisión de responsabilidades por parte del órgano administrativo electoral, al dilatar la restitución de derechos políticos a la organización política Justicia Social, no puede constituir causa justificada para no aplicar las medidas de reparación integral dispuestas por el órgano jurisdiccional electoral”.
Este es un obstáculo más en la ya malograda relación entre el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso que se agrava cada vez más. Esto mantiene detenido parte del avance del proceso electoral como la impresión de papeletas electorales por la falta de definición por parte del organismo de administración electoral sobre la participación de Álvaro Noboa como candidato presidencial de Justicia Social y sus otros candidatos.
