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El presidente del TCE, Arturo Cabrera, considera que el único responsable por las demoras en la calificación de candidaturas es el CNE.Karina Defas / EXPRESO

El TCE responde con otro fallo a favor del movimiento Justicia Social

Aceptó un recurso de apelación presentado por el director Jimmy Salazar a una resolución del CNE del 11 de noviembre pasado

Uno reacciona y el otro responde. A pocos días de que los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita y Luis Verdesoto, denunciaran ante la Fiscalía a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por presunto prevaricato, llega una nueva sentencia del organismo de justicia electoral a favor del movimiento Justicia Social dejando sin efecto una resolución del Consejo Electoral. Lo que enreda aún más la ya malograda relación entre ambos entes de la Función Electoral.

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El Tribunal aceptó un recursos de apelación presentado por el director ejecutivo nacional de Justicia Social, Jimmy Salazar, en contra de un fallo del mismo Tribunal. Para entenderlo hay que retroceder al 5 de noviembre cuando el pleno del CNE, acogiendo el fallo del TCE del 30 de octubre, aprobó las medidas de reparación integral dictada por el Tribunal a favor de Justicia Social.

Sin embargo, en el siguiente pleno, del 11 de noviembre, el consejero Luis Verdesoto propone reconsiderar la decisión del pleno anterior porque encontró que en esa resolución se dictaban medidas a favor de Justicia Social que ponían en desventaja frente a otras organizaciones, básicamente permitirles reemplazar candidaturas aprobadas en procesos primarios previos a la eliminación del movimiento que, a criterio del CNE, están en firme.

“Queda claro que la organización política sí eligió binomio presidencial y fue presentado ante el CNE para su calificación... Finalmente, queda claro además que sobre las candidaturas presentadas no caben la posibilidad de cambios, pues los procesos electorales de democracia interna ya concluyeron. Por estas consideraciones no es posible sustituir candidatos presidenciales por la voluntad de los dirigentes de un partido”, reza parte de la reconsideración del 11 de noviembre aprobada por el pleno con los votos favorables de la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto y José Cabrera. La vocal Esthela Acero se abstuvo.

El precandidato presidencial que presentó Justicia Social en primera instancia fue Fabricio Correa, quien renunció días después de que el movimiento fuera eliminar del registro de organizaciones políticas. Ahora, Àlvaro Noboa es la carta presidencial del movimiento. 

El 15 de noviembre, Salazar presenta un recurso subjetivo contencioso electoral en contra de esa resolución que es archivado por el juez electoral, Joaquín Viteri. Salazar insiste y apela el fallo de Viteri y el recurso es aceptado por el pleno del Tribunal la tarde del 18 de diciembre pasado. El pleno del organismo de justicia electoral analiza la resolución de 11 de noviembre y su relación con el fallo del 30 de octubre, acoge los argumentos de Salazar y concluye que “lo dispuesto por el juez de instancia, no es procedente”.

Acepta el recurso de apelación y revoca el archivo dictado el 8 de diciembre pasado. Esta es una piedra más en el ya sinuoso camino que unen al Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral a pocos días de iniciar la campaña.