Imagen representativa de una familia.
Imagen representativa de una familia.Freepik.

El tejido social, último eslabón en el combate contra el crimen

Expertos e integrantes de organizaciones sociales dicen que hace falta más presencia del Estado

“Al llegar del colegio, me senté a hacer tareas en el escritorio y escuché personas gritando e incluso algunos disparos...”. “Me encontraba haciendo tareas, cuando escuché disparos; fuimos con mi prima a ver lo que pasaba y vimos a una señora llorando, mientras se llevaban a un adolescente o señor en un carro, ya que tenía un impacto de bala en el brazo y pierna”.

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Esos son testimonios recogidos por ChildFund, Kindernothilfe y World Vision, en su estudio ‘Niñez y adolescencia en 360°’, citados por Francisco Cevallos en la investigación ‘Protección de niños, niñas y adolescentes, en el contexto de la violencia delincuencial’, presentada hace casi un año.

Cevallos sostiene que las familias presencian hechos violentos con consecuencias mortales. En sus entornos inmediatos, los chicos conocen de la vinculación de menores de edad con este tipo de organizaciones. También que amigos, familiares y conocidos participan en bandas y pandillas, dice.

Militares y estado de alarma

El sábado, desde el Ministerio de Gobierno se dijo que “el Estado está en alerta máxima ante posibles atentados contra el presidente Daniel Noboa”. En enero del 2024 se declaró la existencia de un conflicto armado interno y 22 bandas del crimen organizado fueron calificadas como terroristas.

Por ello hay una militarización que ha hecho que el Comité Permanente de Derechos Humanos encienda alertas, por la desaparición forzada no solo de los niños de Las Malvinas. Además, las cifras de muertes violentas confirman que la situación es crítica. Entre enero y marzo de este año se registraron casi mil asesinatos más que en igual período del 2024.

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Se requiere fortalecer a las familias y el tejido social

Berenice Cordero, quien fue ministra de Inclusión Económica y Social entre el 2017 y 2019, dice que “es necesario usar la fuerza del Estado por la inseguridad y el crimen organizado, pero eso no suficiente para rescatar a las familias. Si ellas se debilitan, se debilita el tejido social. Eso está en disputa en algunas comunidades en Ecuador”.

Marlene Villacís lo corrobora. Ella coordina la Red Nacional de Casas de Acogida, donde se refugian víctimas de la violencia para protegerse de un posible femicida. En Lago Agrio, ayer se reunieron para hablar sobre un fenómeno que experimentan: algunos agresores de las mujeres que buscan un espacio son parte de bandas del crimen organizado. Les queda claro por los asesinatos con saña y el uso de armas de fuego.

Las mujeres y sus hijos huyen por amenazas de muerte. Ahora el equipo de cada casa corre más riesgos. Demandan seguridad para los refugios.

Y como en otros años, pero ahora mucho más, piden que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos halle una forma que evite que recién en marzo de cada año tengan recursos, que les alcanzan hasta junio. En julio deben volver a tramitar el pago del segundo semestre, por lo que su personal no cobra sueldos, se endeudan con proveedores, etc.

¿Y la agenda social?

Nicolás Malo es director de Servicios de Cuidado del Patronato San José, de Quito. Brindan servicios de erradicación del trabajo infantil y en 2024 atendieron a 1.700 chicos de 5 a 17 años. Aunque según cifras del INEC, que cita, hay 7.000 en esa condición. Notan el incremento en el centro, La Carolina y cerca de mercados.

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Nubia Taipe, coordinadora del área de trabajo infantil en Desarrollo y Autogestión, cree que se siente la “falta del Estado”. Menciona que organizaciones que reciben recursos del MIES no pagan sueldos a educadoras desde diciembre. Ellos están en Guayaquil, Manabí, Cuenca, Tulcán, Huaquillas y Quito. Cuenta que han encontrado niños, de 8, 10 y 12 años, en especial venezolanos, que nunca han ido a la escuela. Le inquieta la cooptación de niños en Manabí y la falta de datos.

Según Cevallos, el reclutamiento de chicos es un fenómeno social y hay que construir escenarios que dificulten su expansión, incidir en territorios y condiciones de vida. “Asegurar que la acción del Estado sea efectiva significa que la agenda de seguridad se complemente con la agenda social, cultural, económica, ambiental”.

Detalle

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