Telefónicas a la deriva: ¿deben esperar al próximo gobierno?

¿De qué sirve tener un bien o un recurso si no lo aprovechamos? Y no me refiero a un recurso no renovable como el petróleo o a la minería, no. Me refiero al espacio que nos rodea. Ese espacio se llama espectro radioeléctrico.

¿Qué es esto? Son franjas invisibles que están en el espacio y que sirven para que viajen por ahí las frecuencias de radio, televisión, satélites y telefonía celular. Es un recurso limitado porque tiene fronteras, pero su explotación no contamina, no hace daño a la salud, ni nos quita soberanía.

El espacio ocupado en Ecuador es del 30 %, o sea que tenemos un 70 % desocupado y que podría alquilarse a empresas interesadas en telecomunicaciones. Por el uso del espectro radioeléctrico los países obtienen beneficios. Por un lado, obtienen ingresos por el alquiler que pagan los canales de televisión, a las radios y a las operadoras de celulares. Pagan muchísimo dinero para estar ahí. Los que más pagan son las telefónicas Claro y Movistar.

Los consumidores también nos beneficiamos porque podemos disfrutar de los avances tecnológicos, aunque a veces las telefónicas nos den dolores de cabeza cuando el servicio no es eficiente.

Los contratos de alquiler con las telefónicas duran 15 años y la última vez que se firmaron con estas dos empresas fue en 2008, o sea que vencen este año. La renovación de estos contratos empezó hace casi cinco años y hasta ahora no llegan a un acuerdo final. 

Hace cinco años no existía el 5G que hoy debe ser incluido. Ecuador es el país de Sudamérica más atrasado en esta nueva tecnología. Hace cinco años tampoco había una ley de seguridad nacional que fue aprobada hace pocos meses y que contempla que las operadoras de celulares deben establecer controles adicionales en las cárceles.

Tampoco hay acuerdo en ciertas inversiones que no son de carácter tecnológico, sino que están relacionadas con el compromiso social de las empresas para mejorar la calidad de vida de comunidades alejadas de las zonas urbanas. Todos estos “detalles” tienen un valor y ese valor, aparentemente, aún no ha sido establecido.

Sin embargo, según otra fuente al interior del gobierno, el factor más importante que tiene estancada la negociación es el factor político. Más de un candidato a la Presidencia ha pedido que se suspenda y que se espere al próximo gobierno, lo cual es un error porque tan solo contribuye a crear más incertidumbre de la que ya tienen.

Además, el ingreso al país de cien millones de dólares por este concepto está considerado en el presupuesto general del Estado, lo que también beneficiaría al próximo gobierno.

En un artículo anterior consideré a la ministra de Telecomunicaciones como una de las mejores figuras de este gobierno; lo sigo creyendo. Sin embargo, pienso que este tema rebasa su autoridad y la decisión, o más bien la indecisión, se encuentra en un nivel superior. En resumen, no renegociar lo antes posible no es un buen negocio para el país.

Demorar una negociación de esa magnitud cuando las inversiones están paralizadas es un absurdo en el manejo de las finanzas públicas que pone en evidencia, una vez más, la debilidad e incapacidad de un gobierno que nunca entendió lo que significa gobernar.