La tensión se queda tras el diálogo

El cierre de las mesas de diálogo entre las organizaciones sociales y el Gobierno no significa el término de su tensa relación. Por el contrario, inaugura una etapa de ‘borrón y cuenta nueva’, en donde dependiendo de sus acciones se podría perfilar, nuevamente, un episodio de crisis social. Sin embargo, previo a este punto crítico, expertos avizoran tres escenarios, donde tanto la Confederación de Nacionalidades Indígenas como el Ejecutivo tienen protagonismo.

Para el consultor político Oswaldo Moreno Ramírez, el escenario de una nueva movilización social “es el menos indicado”, pero que “sin duda hay la posibilidad de que exista”. Esto debido a que, tras el diálogo entre las organizaciones sociales y el Gobierno, la forma de medir el regreso o no a las calles es el cumplimiento de lo acordado entre ambas partes durante los 90 días.

Sin embargo, Moreno hace hincapié en que “los procesos previos (para llegar al punto crítico de una movilización) están llenos de negociaciones y conversaciones”. Asimismo, recuerda que hay otros sectores involucrados como los transportistas o los trabajadores que necesitarían sumarse para consumar un nuevo paro.

“Todavía no se habla de movilizaciones”, señala y hace hincapié en que tampoco el Gobierno ha sido determinante en la aplicación de lo acordado en las mesas de diálogo. “Es imposible que lleguemos a consensos absolutos, sería utópico”, continúa, pero reconoce que las mesas han legitimado a los sectores sociales y “darles la importancia que les corresponde (a las organizaciones)”.

En ese sentido, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Medina Pérez, señala que el escenario más conveniente para ambas partes (y los ecuatorianos) es mantener el diálogo entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional a través de la mesa de seguimiento. Sin embargo, indica que el bienestar de la relación dependerá de sus líderes.

“Habrá que observar cómo se traslada esto (los resultados de las mesas de diálogo) a las bases de la Conaie, quienes son los que apoyan o no las movilizaciones”, destaca e indica que, por el lado del Gobierno, también debe dejar la “paradoja” de descalificar a las organizaciones sociales y, a la par, convocar al diálogo.

“El que no haya estado presente el presidente Lasso durante los diálogos da cuenta de que él se guarda la posibilidad de seguir manejando estas dos líneas”, continúa Medina y destaca que, en esta nueva mesa de seguimiento, “esperemos que (el Gobierno) proponga avances porque no ha tenido iniciativas, salvo en el contexto de las mesas técnicas”.

Para Moreno, el escenario ideal para el país es que el Ejecutivo, además de cumplir lo acordado, empiece a gestionar su plan de Gobierno. “Es fundamental la implementación de todo lo que nos conlleve eficacia en los servicios públicos, lo que conlleve a beneficios para la mayoría de la población”, indica Moreno y señala que “el Ecuador es mucho más amplio” que los diálogos entre el Gobierno y los sectores sociales. “Por ahí están todas las respuestas a los grandes problemas que sufre el país”, dice.

Asimismo, Medina señala que, en esta etapa de seguimiento de los acuerdos, el Gobierno debe tomar la iniciativa y ampliar su base de diálogo para involucrar al resto de sociedad no indígena y “tener una solución ampliamente aceptada, incluso por estrategia política” del Ejecutivo. Esto, según Medina, debido a que las mesas de diálogo también han revelado que la población mestiza está en dos bandos: los que apoyan los reclamos y los que no entienden por qué se está cediendo. “Algo dañino para la democracia”, indica.

“Sería interesante que el Ejecutivo plante su metodología en los subsidios y que la venda al país entero”, continúa Medina. Sin embargo, también señala que se puede observar que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, “ha agotado un poco la voluntad del Ejecutivo de dialogar”, pero que cada vez se vuelve más apremiante retomar.

EL PEDIDO QUE PERSISTE TRAS LAS MOVILIZACIONES

En 2019 y 2022 la focalización del subsidio a los combustibles fue uno de los detonantes para las movilizaciones, pero a diferencia de las primeras propuestas, en las de este año el tema fue discutido en una mesa técnica que tuvo 12 reuniones, pero que no fueron suficientes para establecer un mecanismo para focalizar y crear nuevos segmentos para el beneficio.

Entre los acuerdos alcanzados en esta mesa, se destaca el mantener el subsidio general bajo los principios constitucionales de subsidiaria y solidaridad y de que la medida excluya del beneficio a quienes pueden pagar un precio mayor, mientras que los disensos se mantuvieron en cuatro puntos: precio diferenciado para las grandes empresas (camaroneros, atuneros, cruceros); cupo mensual para el sector automotor; sistema de bandas para los que serán excluidos del subsidio, y subsidio social y económico.