Terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura: gremio exige experiencia
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces solicita transparencia en la designación
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) ha solicitado este jueves 9 de enero a la Corte Nacional de Justicia que la terna que se remitirá al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para la designación del vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura, esté integrada únicamente por jueces y juezas de carrera de la Función Judicial.
En el comunicado oficial, compartido en X, la AEMAJ destacó la necesidad de que los candidatos sean magistrados con experiencia directa en el sistema judicial. Según la asociación, este requisito permitirá que los futuros integrantes comprendan de manera profunda los desafíos estructurales y operativos del sistema, así como las necesidades prioritarias para su mejora efectiva.
Un llamado a la transparencia y la institucionalidad
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Leer másLa AEMAJ subrayó que esta propuesta tiene como objetivo asegurar que las decisiones relacionadas con la administración de justicia estén orientadas desde una perspectiva integral. Esto implica un enfoque basado en el conocimiento técnico y práctico del funcionamiento de la Función Judicial, alineado con los principios de "justicia accesible, equitativa y eficiente".
En su comunicado, la asociación reiteró la importancia de un proceso de selección transparente, que valore las aptitudes y experiencia de los postulantes. Según la AEMAJ, garantizar este criterio es esencial para mantener los perfiles más idóneos en los cargos de liderazgo judicial, con el propósito de preservar la autonomía del Poder Judicial frente a posibles influencias externas.
La propuesta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces busca ser un punto de partida para implementar políticas más efectivas en el sector judicial. Asimismo, el gremio expresó su confianza en que la iniciativa promoverá un sistema más equitativo, capaz de responder a las necesidades ciudadanas y garantizar la protección de los derechos, tanto en el ámbito interno como externo.
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