Terror en la Asamblea: regresan los zombis

Lo de esta semana en la Asamblea fue un auténtico retorno de los zombis. La Comisión de Fiscalización se encomendó a sus santos y tomó posesión del salón del antiguo Senado, el mayor de la sede legislativa, para recibir a los jueces de la depuesta Corte Nacional del correísmo. La lista de invitados era un lujo: estaba el que falló contra Galo Lara y arruinó la vida de Carolina Llanos; el que condenó a Francisco Endara por aplaudir; el que mandó a la cárcel a los veedores de los contratos de Fabricio Correa; los que permitieron la fuga de uno u otro corrupto o se hicieron de la vista gorda con uno u otro grillete; los que persiguieron a Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y (caramba, qué coincidencia) al actual presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio; alguno que, siendo aún fiscal, acusó de intento de magnicidio a César Carrión y acabó con su carrera policial... Los bien mandados ejecutores de Alexis Mera, los cómplices de Gustavo Jalkh, los que dotaron de contenido a la candorosamente admitida voluntad de Rafael Correa de “meter las manos en la Justicia” y fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. Uno por uno desfilaron ante la Comisión (salvo dos o tres que no dieron la cara) y rindieron testimonio de lo mucho que han sufrido, del atropello del que fueron víctimas cuando les sometieron a una evaluación que no pudieron o no quisieron superar y perdieron sus trabajos. Pobrecillos. Arrancó el juicio político contra el Consejo de la Judicatura y el correísmo no tuvo mejor idea que poner sobre el escenario a las víctimas más conmovedoras que ha parido madre.

Todo esto empieza por iniciativa del abogado del expresidente prófugo. Fausto Jarrín ya no es asambleísta: renunció el mes pasado y dejó embarcada en el proceso a su compañera de bancada Viviana Veloz, representante de bajo perfil de Santo Domingo de los Tsáchilas que hasta el momento apechuga como puede. Ahora el correísmo debe nombrar un compañero de fórmula que la asista. El nombre que suena en la bancada para sustituir a Jarrín es delirante y ratificaría, de confirmarse, el ya conocido plan de reparto de las instituciones del Estado que vincula a dos partidos supuestamente hostiles: se trata de Luis Almeida. No un socialcristiano cualquiera: el más impresentable de ellos (dicho en privado por ellos mismos). Así como la destitución del Consejo de Participación Ciudadana (el juicio político que viene después) es el paso previo para manejar a las autoridades de control, la destitución del Consejo de la Judicatura es el paso previo para controlar a los jueces. En eso andan correístas y socialcristianos desde que echaron a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea.

Pero el juicio político al Consejo de la Judicatura encierra, para el correísmo, otro objetivo aún mayor y más largamente acariciado. Uno que se sitúa en la difusa zona de penumbra donde las políticas públicas se confunden con las estrategias jurídicas de sus prófugos. Hace dos años, luego de que Rafael Correa fue hallado culpable de cohecho en el caso Sobornos, Fausto Jarrín intentó una movida desesperada en la Corte Constitucional: presentó una acción extraordinaria de protección con el argumento de que los jueces que condenaron a su jefe habían sido nombrados de manera ilegal por el Consejo de la Judicatura. Fue el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo, amparado en las facultades extraordinarias que le concedió una consulta popular, el que exhortó al Consejo de la Judicatura para que, “ante el clamor ciudadano”, evaluara a los jueces del correísmo. El resultado fue el que era de esperarse para un gobierno en el que Carlos Pólit se alzó con la Contraloría con un puntaje de cien sobre cien: bien hechas las evaluaciones, los jueces correístas resultaron ser, aparte de obsecuentes, particularmente ineptos. Pocos alcanzaron los ochenta puntos necesarios para conservar su puesto. Los demás lo perdieron. Los videos de las pruebas orales son francamente bochornosos. La esperanza de Jarrín de restituirlos y obtener de paso la anulación de la sentencia por cohecho que pesa sobre el expresidente prófugo se vio frustrada en la Corte Constitucional, pero se reactiva ahora en la Asamblea con este juicio político.

En los pasillos de la sede legislativa no falta quien atribuye la renuncia de Jarrín al temor que le inspiraba este proceso. Primero, porque para destituir al Consejo de la Judicatura se necesita contar con 92 votos en el Pleno, para lo cual correístas y socialcristianos juntos son insuficientes. Pero sobre todo porque Jarrín tiene un rabo de paja de dimensiones colosales que habría resultado perjudicial para su causa. Nomás había que sentarse a esperar el momento en el que Fernando Villavicencio, en el fragor del juicio político, decidiera restregar en la cara del interpelante aquella escritura de compraventa firmada en la notaría vigésima séptima del cantón Quito que suele llevar en su portafolio, según la cual Fausto Jarrín vendió a la constructora Herdoíza Guerrero una casa patrimonial (hoy semiderruida) por la bicoca de 650 mil dólares... ¡en efectivo! 650 mil dólares no registrados, jamás bancarizados y sobre los que no se tributó un centavo. Más le convenía huir sigilosamente y dejar a Viviana Veloz a cargo del muerto.

Para ella las cosas, hasta el momento, han consistido en pretender que la biografía de los jueces correístas que desfilaron ante la Comisión empezó el día en que fueron evaluados por el Consejo de la Judicatura. Todo lo anterior no cuenta. Sus repetitivos interrogatorios terminan invariablemente con el juez de turno confirmando indignado la ilegalidad su destitución. Luego viene Villavicencio, con media sonrisa maliciosa y un destello en los ojos que obliga a los interrogados a cambiar de posición sobre su silla, y desliza un par de preguntas que los desarman: “¿Gracias a un fallo suyo Vinicio Alvarado no está en el país?”, dispara a María Rosa Merchán, y concluye que Gustavo Petro debería agradecerle.

Édgar Flores, que formó parte del tribunal que condenó a Galo Lara con pruebas forjadas, cuenta que en algún juicio importante lo llamaron a reuniones sospechosas, pero que él nunca se dejó tentar. “¿En qué caso fue que le invitaron a usted a reunirse en las zonas oscuras?”, le pregunta Villavicencio con un guiño. “Bueno, yo tuve algunos casos relevantes”, se retuerce el otro, divertido. “Tuve el caso del ingeniero Glas; resolví el caso del excontralor Carlos Pólit; resolví el caso del exministro del Deporte, el caso Comecheques; resolví el caso de Alexis Mosquera; resolví el caso Balda, fui parte de ese tribunal... En fin, es decir, ya puede imaginarse, todos esos casos”.

En 20 segundos, con la sonrisa de oreja a oreja y como quien no quiere la cosa, el exjuez del correísmo despliega ante la Comisión el muestrario de la podredumbre, de lo que fue la corrupción y lo que se esperaba de los jueces. Da a entender que cualquiera de esos casos tuvo sus zonas oscuras. “Fue en el caso Glas, ¿verdad? Odebrecht”, adivina Villavicencio. El exjuez Flores se queda mudo y asiente con picardía. “Gracias, doctor Flores. Importante revelación”. Claro que para la época del caso Glas, Correa ya no era presidente, lo cual en el fondo es el meollo del asunto. Y la asambleísta Viviana Veloz sigue creyendo que el tema es de procedimiento. Como si el juicio no fuera político. Nomás espere lo que le viene esta semana: ahora tocan las pruebas de descargo, así que es el turno de las víctimas. Las de verdad, se entiende. Las víctimas de los jueces.

Un juicio gigante

El juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, Juan Morillo, Ruth Bareno y la expresidenta María del Carmen Maldonado es el más voluminoso que ha pasado por la Comisión de Fiscalización en la actual legislatura: 102 personas han sido llamadas a comparecer. Lo harán contra reloj esta semana. Se espera que el próximo sábado los acusados ejerzan su defensa.