El terror que se impuso en las minas ilegales

Perico y el Comandante J impusieron su ley en las minas de oro de las montañas de la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, Imbabura.

Lo hicieron a su turno y por casi dos años en el sector desalojado el 2 de julio en el operativo ‘Amanecer Radiante’, que contó con el apoyo de 4.000 uniformados, entre militares y policías.

La explotación minera que involucró la Mina Vieja, Mina Nueva, El Olivo y espacios como la Y, La Visera, La Feria y Ciudad de Plástico, dejó denuncias de asesinatos, extorsión, prostitución, drogadicción, alcoholismo y usura.

Quedaron cabos sueltos como la existencia de una ‘fosa’ con víctimas atribuidas a los armados comandados primero por Perico y luego por el Comandante J.

Al menos 17 delitos se habrían registrado, señaló en su momento la ministra de Gobierno María Paula Romo. Todo generado por el descontrol y la presencia de los armados.

Esa fue una de las realidades que se había denunciado en redes sociales tras la desaparición de un colombiano, asesinado y arrojado en una quebrada.

Para perseguir los delitos, la Fiscalía de Imbabura mantiene abiertas 50 investigaciones previas por robo, estafa, asesinato, actividad ilícita de recursos mineros, gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas, aborto no consentido, tráfico ilícito de drogas.

Además se indaga la tenencia y porte de armas blancas, armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, acoso sexual, abuso sexual, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, lesiones por accidente de tránsito, fraude procesal, intimidación, daño a bien ajeno, violación de propiedad privada, hurto, receptación y aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

Darwin País o ‘Perico’, un ciudadano de San Lorenzo, Esmeraldas, sobresalió en ese caos. Se había erigido como dirigente para poner orden, es el comentario favorable de un habitante de Buenos Aires que dijo conocerlo.

Su actuación era pública. Tanto que en un boletín de prensa de Prensaminera.org se señala: “el trabajo constante del Sr. Darwin País, más conocido en el asentamiento minero como Perico, ha logrado eliminar los focos de violencia y delincuencia que han tratado de dañar la imagen de la mina”.

Se elogió que gracias a este personaje la mina se encuentra ordenada, limpia y segura. La idea de él y su grupo habría sido que la actividad se regularice. Para ese efecto hubo intentos de constituir Arcaclova. Hubo incluso la cumbre minera en Quito, en noviembre de 2018, un año después del inicio de la fiebre del oro en la zona en donde la novedad movilizó, al inicio, a personas de 20 provincias del país.

Llegaron a Buenos Aires y en pleno pueblo instalaron carpas y cambuches. Algunos subieron a buscar su espacio para abrir una mina. Un área de 30 metros podía costar entre 150 y 400 dólares, cuenta la fuente.

Los compradores del material en principio pagaban entre 50 y 100 dólares por saco de material en el pueblo, llenaban una mula con 500 sacos y se dirigían al sur a las procesadoras del mineral.

Según cuentan algunos mineros, la ‘corrupción’ de ciertos elementos policiales les obligó a “tener 25.000 dólares porque asomaba un patrullero y había que pagar hasta 4.000 dólares”.

La ministra Romo reivindica que sí hubo controles. Una muestra de ello es el incidente de Mascarilla que concluyó con una muerte y un policía sentenciado a tres años de cárcel.

El incremento de los controles hizo que se instalen unas 300 procesadoras en el sector. Eso trajo consigo la caída del precio del saco de material por el que ya no pagaban ni cinco dólares.

De Perico se dice que tenía a su servicio un grupo de coterráneos y venezolanos. Su problema, dicen, fue que no tuvo capacidad de liderazgo. Sus hombres, aseguran, extorsionaban con el cobro de peajes a los que manejaban las poleas.

Los robos, prostitución, drogadicción y alcoholismo se incrementaron a mediados y finales de 2018 en el sector habitado por más de 10.000 venezolanos, colombianos, peruanos y locales.

Pero llegó el Comandante J, un colombiano al que un testigo describe como ‘educado, amable, jovial’. Con un grupo de connacionales hizo una reunión y ofreció seguridad, orden, horarios y que no haya descontrol.

Al grupo de Perico le dieron dos horas para dejar las minas. La nueva administración fijó un aporte de 100 dólares quincenales por mina. La disposición cambió 15 días después. La seguridad subió a 100 dólares semanales más el 10 % por la producción, caso contrario costaría el doble.

Las extorsiones y peajes aumentaron para todos. Un tercer grupo entró en escena. Dicen que hubo muertos y heridos. La constancia fueron dos cadáveres recuperados durante el operativo ‘Amanecer Radiante’, que concluyó con el desalojo minero.

Un agente investigador dice que no hubo tercer grupo sino la división del liderado por Comandante J. Se conoce que algunos armados salieron con los mineros que por temor no dijeron nada. Un testigo cuenta que dos días después del operativo el Comandante J fue visto en Ibarra comiendo pollo brosterizado con su familia. Estaba bien vestido y tranquilo.

Los irregulares tras la actividad

Con la salida de los mineros desalojados de las minas de Buenos Aires quedaron daños ambientales, contaminación de ríos, restos de alimentos y semillas y basura desperdigada en unos 20 kilómetros por los que pasaron.

También quedó la incertidumbre de si los armados que operaron en la zona minera pertenecían o no a grupos ilegales armados colombianos. En la Mina Vieja, en uno de los cambuches cubierto por plástico negro, quedó escrito con pintura blanca ‘Óliver Sinis...’.

Algunos mineros cuentan que de las FARC al menos no eran porque sus actuaciones eran distintas a las que les habían contado. En uno de los expedientes abiertos por una docena de atentados terroristas en San Lorenzo, Esmeraldas, se encuentra el testimonio de un disidente del grupo de Guacho, Óliver Sinisterra.

Dice que los de Guacho, además del narcotráfico, secuestro, extorsión, asesinato, tráfico de armas y municiones incursionaron en la minería ilegal.

El experto colombiano Iván Roa señaló a EXPRESO que en Colombia la minería ilegal está controlada por grupos ilegales, “ya sean disidencias de las FARC, por el ELN o por grupos de autodefensa”. Indicó que básicamente esos grupos están desarrollando esas actividades en la región sur del Pacífico colombiano y en el departamento del Cauca.

Para estos grupos, agregó, es importante el manejo de esos recursos, ya que el precio del oro representa para ellos un ingreso significativo. En algunos casos no controlan totalmente la extracción aurífera, pero sí invierten en maquinaria, para de esa manera poder estar en el negocio, así no lo controlen del todo.

La cuestión de fondo, puntualizó, “es que el Estado colombiano no ha podido controlar los territorios que dejó las FARC, por ello vemos que la deforestación va de la mano con la minería ilegal en buena parte de la Amazonía y del Pacífico colombiano”.