Un tesoro sepultado de pugnas

A tres kilómetros del 17,5 de la vía Balao-Naranjal, en medio de sembríos de plátano, yuca, maracuyá y otras variedades, unos pequeños montículos de tierra descubiertos en los últimos meses en el recinto San Carlos han levantado una gran ‘polvareda’ en el cantón Balao, provincia de Guayas. El sitio guardaría una riqueza histórica de hace más de mil años; además de una aparente mina de oro, diamantes y plata, lo que plantea una primera y principal incógnita: ¿en manos de quién queda el tesoro hallado arqueológicamente?

Los restos están bajo la tierra de un sector agrícola “sensible de patrimonio arqueológico”, reconocido ahora por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que, mediante un informe de inspección técnica, da cuenta de la existencia de tumbas ancestrales o también conocidas como tolas.

El documento fue entregado el pasado 14 de julio a Jonnatan Molina Yánez, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Balao, quien solicitó la inspección por los reportes periodísticos y mensajes en redes sociales, que daban cuenta de un hallazgo ancestral, que desveló un lío judicial por la propiedad de esos terrenos y lo que encierra el supuesto descubrimiento en la hacienda Santa Rosa.

En su informe, el arqueólogo Byron Vega, experto del INPC, reconoce que uno de los montículos que analizó en el lugar es una tola, en cuya superficie y en la fosa de huaqueo había material cerámico fragmentado y erosionado, perteneciente al período de Integración de la Cultura Milagro, con una antigüedad de 900 y 1.534 años después de Cristo (dC).

Hasta entonces, el hallazgo no formaba parte del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (Sipce), que procedió a registrarlo como nuevo sitio arqueológico, sumándolo a otros siete que están próximos a la zona, en el mismo recinto San Carlos, donde “en superficie y bajo el suelo existen evidencias que ratifican el asentamiento de antiguas sociedades (...)”.

Un sitio que ha sufrido diversas agresiones antrópicas (provocadas por el hombre) en distintos momentos, según el INPC. Situación que se evidencia en la tala y quema de árboles, excavaciones profundas y desbroce de la vegetación nativa.

¿Pero qué supone jurídicamente este hallazgo? El numeral 2 del artículo 379 de la Constitución de la República señala que son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado: las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.

El artículo 45 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura establece que los bienes y objetos pertenecientes al patrimonio cultural no requieren de otra formalidad para su reconocimiento. Pero deberán ser incorporados al inventario nacional del patrimonio cultural, debiendo para ello notificarse a sus propietarios o titulares a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y de Régimen Especial.

El abogado Julio César Cueva explica que solo los restos pasan a manos del Estado, “la propiedad no se pierde, salvo que sea declarada patrimonio y se expropie porque ahí hay un cementerio antiguo”.

Al ser reconocido el octavo sitio como arqueológico, la Corte de Justicia Indígena (CJI), presidida por Manuel Peñafiel, se ha declarado competente para tomar acciones. Ha emitido sentencias que favorecen a las 300 familias que viven en el sector, agrupadas en la Asociación de Producción Agrícola Santa Rosa de Balao (Asoprosarba). Lo hace, indica, con base en el artículo 74 de la Constitución que establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. El jurista acude personalmente al lugar. Asegura que lo hace como líder tribal por ser un territorio ancestral y ante los desacatos que se han presentado por parte de autoridades del cantón, a quienes ha denunciado.

El alcalde Jonnatan Molina afirma que solicitaron la intervención de Patrimonio Cultural, tras el comunicado que justamente les llegó de la Corte Indígena para la inspección del sitio. Si bien el burgomaestre manifiesta que actuaron en ese sentido, asegura que no sabe “absolutamente nada” de la CJI, la que le resulta una entidad nueva.

Pero el descubrimiento ha evidenciado un conflicto de tierras entre varias personas que dicen ser los dueñas de los predios, dentro de las 1.500 hectáreas donde los comuneros afirman que han descubierto aproximadamente 180 tumbas ancestrales. El litigio ha pasado a instancias judiciales y administrativas.

Dentro de las recomendaciones que hace el INPC se menciona que “quedarán a salvo los bienes del Estado (sitios arqueológicos), de acuerdo al marco legal vigente, antes, durante y después de que se resuelva el litigio de tierras”.

El alcalde Molina deja claro que no están actuando en ese conflicto. Pero el INPC también le recomienda paralizar trabajos de remoción de suelo para evitar que se alteren otros sitios arqueológicos. Además de que tome las medidas de contingencia para la protección del patrimonio cultural en su cantón, sugiriéndole una propuesta de investigación de prospección arqueológica.

En medio de la disputa, Eduardo Velásquez, representante de los comuneros, siente alegría por los restos ancestrales (hacha de bronce, piedra con diamantes, vasijas, sellos) que encontraron durante el pico de la pandemia por la COVID-19, en Guayaquil. Una cepa del coronavirus que también golpeó a Balao, pero que no afectó a los 300 de Asoprosarba.

DETALLE

Cultura

Por los fragmentos encontrados se identificaron platos, vasijas, compoteras del período de Integración de filiación cultural Milagro (900 dC - 1534 dC).