Testimonios revelan esquema de sobornos en caso Las Torres

Antes de presentar a sus testigos y peritos en el caso Las Torres, la Fiscalía pidió como parte de su prueba la reproducción de los seis testimonios anticipados recibidos en la instrucción fiscal que investigó un presunto delito de delincuencia organizada.

La grabación del testimonio juramentado del exasesor de Petroecuador José Raúl de la Torre permitió a la fiscal Diana Salazar abrir la fase probatoria con la que busca demostrar que en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia operó una estructura delincuencial dedicada al cobro de sobornos.

Ya De la Torre, sentenciado en Estados Unidos, proporcionó elementos que reforzaron su hipótesis del desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas a contratistas de Petroecuador como NoLimit, a cambio de coimas.

El lunes, a partir de las 08:00, serán escuchados los testimonios anticipados de los exfuncionarios de NoLimit José Luis de la Paz, Sebastián Saa, Sebastián Robles y Pedro Crespo y el exfuncionario de la Contraloría Luis Miño. Esas declaraciones fueron pedidas el año pasado por la Fiscalía.

Si el miércoles Raúl de la Torre apuntó a la existencia del posible delito de delincuencia organizada que acusa la Fiscalía, De la Paz, cuya empresa era la responsable del mantenimiento, renovación de ampliación de bombas y de provisión de equipos nuevos a la estatal, reforzará esa teoría.

Ya en agosto de 2021 explicó que en 2019 se declaró culpable en Estados Unidos y fue sentenciado. Una de las razones fue por aceptar “pagos ilegítimos a funcionarios públicos que eran exigencias que ellos en su momento me exigían”.

Se refiere a los montos que le habrían pedido en la estatal para liberar el pago de planillas que debía recibir por los contratos con Petroecuador.

De la Paz admitió que fue un error haber aceptado pagar los sobornos exigidos por los funcionarios de la estatal y ofreció disculpas. Dijo que en 2017 todas las contratistas estaban bajo la lupa de entidades como la Contraloría. Dice que fue ahí cuando ubicó a Esteban Celi en el mismo sitio donde almorzaba quien se habría puesto a las órdenes. Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, le habría advertido que en la Contraloría le querían poner a NoLimit indicios de responsabilidad penal y glosas cuantiosas y absurdas.

“Ahí es cuando vino la exigencia y él me dijo que para solucionar el problema aproximadamente eso iba a costar entre 500.000 dólares, más o menos” y dijo que fue ahí cuando empezaron los pagos, unas veces en efectivo y otras por transferencia como la de 110.000 dólares a través de una empresa.

Para viabilizar los pagos de las planillas les habrían pedido el 5 % por cada planilla.

Pedro Crespo, exdirector de proyectos de NoLimit, reveló que con Petroecuador tuvieron seis contratos y que en Estados Unidos denunciaron la exigencia de pagos de 20 % contra planillas pendientes de cobro por parte de NoLimit y un 15 % para la reactivación del contrato con la refinería La Libertad.

Acusó a De la Torre y a Roberto Barrera de solicitar el 20 % de la comisión para tramitar los pagos de las planillas.

Contó que hubo una reunión en un hotel de Miami, en la que De la Torre escribió en una servilleta los nombres de: “Esteban Celi, Pablo Celi, Pablo Flores, Natalia Cárdenas, al señor Cuesta”. Ahí habría apuntado cantidades, destinatarios y cuentas a las que debían hacerse los depósitos.

Para Pablo Encalada, defensor de Pablo Flores, Raúl de la Torre y Roberto Barrera, eran ‘delincuentes confesos’. David Vaca, abogado de Esteban Celi, aseguró en la audiencia que el único delito de su defendido es ser familiar de un ‘delincuente’ como Raúl de la Torre.

La cifra

11 sospechosos son juzgados en la Corte Nacional de Justicia por delincuencia organizada.

El detalle

Sospecha. La presunta estructura delincuencial habría operado en la Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia de la República.