Caso Purga | Toainga pide prisión de más de 13 años para Muentes, Gallardo y Marfetán
Fiscal solicitó pena máxima y años adicionales para los señalados como líderes y colaboradores en el caso Purga
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, solicitó declarar culpables de delincuencia organizada al exasambleísta Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el juez Johan Marfetán; en el marco del caso Purga. En consecuencia, pidió para ellos la pena máxima, en calidad de líderes. A esto sumó el agravante que dispone la ley por haber sido funcionarios públicos durante los hechos narrados. Esto significaría una privación de libertad de hasta 13 años y cuatro meses.
Además, solicitó nueve años y cuatro meses de prisión para los jueces Reinaldo Cevallos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Guillermo Valarezo y Andrea Patiño. Adicionalmente, en ese grupo incluyó a Saúl Mero, ex funcionario del Consejo de la Judicatura, y al exdirector del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Xavier Riofrío. También estaban en la lista el juez Alberto Lino Tumbaco y la ex directora de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero ambos decidieron acogerse a la figura de colaboración efectiva y, por ello, Toainga pidió que se les conceda el 85 % de rebaja de la pena. Esto significaría que su condena reducida llegue a un año y cuatro meses de privación de libertad. Estas rebajas, dijo, se justificarían en audiencias reservadas. Para Fausto Alarcón, primo de Muentes, pidió siete años, pues en su caso, no aplica un agravante pues no era funcionario público.
El pedido de sanciones económicas
El fiscal también solicitó que se impongan multas. En el caso de los líderes, ascenderían a 18.800 dólares y de los colaboradores, a 9.400, equivalentes a 40 y 20 remuneraciones básicas unificadas, respectivamente. Por otro lado, pidió otros montos como 78.930 dólares como reparación integral por el evento Banco del Pacífico y 120.000 por el evento tierras, en el caso de Muentes y otros 30.068 por el evento del banco y 40.000 por el evento tierras, dividido entre los colaboradores.
También existen reparaciones económicas menores solicitadas en el evento Cuerpo de Ingenieros, así como la petición de que se publique la sentencia en la Página del Consejo de la Judicatura, de la Asamblea Nacional, en la matriz del Banco del Pacífico, en medios de comunicación de difusión nacional y en Durán, además de pedidos de disculpas públicas y otras sanciones.
El pedido de penas fue el cierre del alegato final del fiscal Toainga en el décimo segundo día de la audiencia del caso Purga, que se inició el pasado 5 de febrero, en la Corte Nacional de Justicia, ante el tribunal conformado por los jueces Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y el conjuez Marco Aguirre. La jornada de alegatos de cierre fue convocada para las 13:00 de este 20 de febrero de 2025 y luego de Fiscalía, continuarán Procuraduría, Consejo de la Judicatura y Banco del Pacífico, como parte acusadora.
Toainga dijo que cumplió su oferta probatoria
Antes, Toainga explicó cómo, según su criterio, la Fiscalía cumplió con su oferta probatoria para demostrar la contaminación de la que habría sido víctima el sistema de justicia en Guayas, direccionada por Muentes, con una cúpula en la que habrían estado Gallardo, Marfetán y Mercedes Villarreal, quien fue directora del Consejo de la Judicatura y está detenida en España. Su extradición está en trámite.
En la hora y media que la jueza Camacho le concedió para su exposición, Toainga cruzó mensajes extraídos por peritos que trabajaron en la investigación, documentos y testimonios presentados durante la audiencia, incluso por algunos de los acusados, para señalar que se habría probado que hubo intención de usar el sistema judicial para favorecerse e, incluso, planes para continuar haciéndolo cuando Gallardo terminó su periodo como presidenta.
Además, en el evento Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Toainga dijo que se habría concretado un ofrecimiento de "soborno" cuando la Epmmop puso un recurso de aclaración y Solano habría escrito a Riofrío que pondrían el piso nuevo en la Corte para que estén "contentos" y les digan lo que contestarían. "Los procesados tenían conocimiento del cohecho", dijo Toainga.
Gran parte de ese relato incluyó mensajes de WhatsApp entre los procesados y Mayra Salazar, testigo protegido en este caso y sentenciada por Metástasis. Ella fue relacionista pública de la Corte sin estar en nómina. Su salario lo pagaba Muentes y, según algunos de los acusados, su abogado defensor en Metástasis, Leonardo Toledo.
Purga tiene varios eventos, entre ellos Banco del Pacífico, GDO, tráfico de tierras y Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
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