La ‘tormenta’ política trastoca la hoja de ruta de Participación

Sopesando las nuevas prioridades. La fiscalización al Gobierno de Guillermo Lasso, al parecer, se convertirá en la prioridad del flamante Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a falta de Asamblea Nacional.

Esta semana, los integrantes del organismo se meterán de lleno en las funciones que les competen. La conformación y aprobación de observatorios y veedurías pendientes y nuevas son de los primeros temas a ser resueltos sobre la marcha.

Su presidente, Alembert Vera, informó que en menos de una semana de gestión ya recibieron, entre otros, tres pedidos de conformación de veedurías para las elecciones presidenciales y de asambleístas de agosto, por lo que se espera que esa sea la tónica de estos meses.

El consejero Augusto Verduga señaló, el primer día de actividades del CPCCS, que otra de las prioridades del organismo sería impulsar la agenda social y la participación ciudadana. Para esto, apunta al “empoderamiento de los barrios y las asambleas ciudadanas”, entre otros mecanismos.

Pero en una semana, el panorama político cambió por el decreto firmado por el presidente Lasso con el que se disolvió la Asamblea y con ello las perspectivas. El Consejo de Participación Ciudadana anunció que se ocupará del rol fiscalizador al Ejecutivo que deja temporalmente la Función Legislativa.

El problema es que el control social a la corrupción es una de las deudas históricas pendientes del Consejo de Participación Ciudadana y, la de investigación, una de las áreas con más rezago: unas 400 investigaciones y denuncias se mantienen sin análisis, sin contar aquellas que todavía están en las delegaciones provinciales del CPCCS.

“Sin Asamblea, la única forma que tenemos de fiscalizar socialmente es la evaluación ciudadana que directamente no lo hace el Consejo, sino a través de veedurías, asambleas ciudadanas que luego se pueden elevar al CPCCS para poder observar las decisiones decretos- leyes que emita el presidente Lasso”, dijo Vera.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ve con buenos ojos este anuncio, más cuando desde el CPCCS, desde su creación, no ha existido una denuncia o caso fuerte contra la corrupción, pese a que detectarla y denunciarla es parte de sus funciones.

“Ojalá con esto la ciudadanía se entere que el CPCCS sirve para algo más que no sea el mangoneo y muñequeo, con llamadas telefónicas de por medio, para nombrar autoridades de control”, señaló el ministro.

A propósito de la designación de autoridades, los procesos continuarán, aunque el entusiasmo por hacerlos rápido al parecer bajará su intensidad por una sencilla razón: al no haber Asamblea Nacional que posesione a los designados, por al menos seis meses, se abre un espacio de tiempo para esos concursos.

El CPCCS tiene pendientes los procesos para designar titulares de la Contraloría General del Estado; Defensoría Pública; Defensoría del Pueblo; Superintendencia de Bancos; de Protección de Datos. Además de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal Contencioso Electoral (TCE), función que entró en período electoral.

A eso se suma un frente con la Fiscalía General del Estado que desde el viernes pasado investiga a los siete integrantes del CPCCS. Esto, tras las sospechas que desde ese organismo se podría intentar alterar o incluso eliminar el expediente con el que participó y ganó la actual fiscal Diana Salazar.

Vera niega la acusación y asegura que se trata de la primera “persecución” a los consejeros, situación que podría alterar y obstaculizar su trabajo que apenas está empezando.

Los consejeros designaron las siguientes secretarías, la de Participación Ciudadana y Control Social recayó en la abogada Ana Belén Yela Duarte. 

La Secretaría de Transparencia y lucha contra la corrupción la ejercerá la abogada Mariángel Muñoz. 

La Secretaría General estará a cargo del abogado y la función de Pro secretario la llevará a cabo del doctor Jorge Carvajal. 

Casi todos los nuevos funcionarios fueron elegidos por mayoría. En medio de las constantes quejas de la consejera Mishelle Calvache sobre la tardanza en dar a conocer las hojas de vida de los participantes.