Las trabas a datos públicos, lesión a la transparencia

Las leyes relacionadas con la transparencia son claras. Pero hay funcionarios e instituciones públicas que, por sus hechos y decisiones, parecen asumir ese principio, uno en los que se cimienta la democracia del país, como si se tratara de algo que pueden cumplir según su conveniencia o voluntad. Al menos, eso lo perciben ciertos actores de la sociedad. Y es un tema en constante debate: ¿debería ser información de libre acceso o ser privada sin importar si se trata de funcionarios públicos?

El lunes pasado, directivos de organizaciones sociales que hacen veeduría al poder público y periodistas se encontraron con más de una inconsistencia al hacer uso de la página web de la Contraloría. Uno de los problemas: la pestaña para acceder a la consulta de los reportes de bienes de los servidores públicos ya no estaba en el sitio digital. EXPRESO buscó la forma de acceder a ese apartado secundario.

Ya en la página secundaria y al buscar la declaración juramentada de alguno de los 700 mil funcionarios, dicho reporte se presentaba incompleto, sin el detalle de propiedades, cuentas bancarias, etc., como sí constaba hasta hace unos días.

Este Diario buscó al contralor Mauricio Torres para pedir una explicación. Al cuarto día de la petición, el funcionario atendió de forma amplia la entrevista. Ahí dijo que los problemas fueron momentáneos -de hecho el formato volvió a ser el mismo-. Como parte de un proceso de actualización tecnológica, agregó, para mejorar la consulta y el análisis de los reportes de los funcionarios.

“Ese formulario que ustedes vieron no es el definitivo. En el que va a quedar, ustedes van aplastando en cada pestañita y van saliendo todos los datos, pero de una manera más ordenada”, dijo el titular de la Contraloría, quien añadió que se usará a escala nacional la inteligencia artificial para identificar incrementos de patrimonios o reducciones de los mismos, que podrían esconder posibles enriquecimientos no justificados.

La vigencia de este tipo de repositorios de información pública está garantizada en normas, como la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas: “A través del sitio web de la Contraloría son documentos públicos”.

Años atrás también hubo otro cambio, ese sí se mantiene hasta la actualidad: la consulta de declaraciones se dividió en dos, para obtener la información más reciente o la data previa al 2015.

Sobre estos episodios y otras particularidades que suceden en otros portales de instituciones públicos, donde se omite cierta información de los funcionarios o de la plantilla de servidores, como ocurre con ciertos gobiernos locales, generan desconfianza, refiere Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta entidad dio la alerta sobre el tema de la Contraloría.

“Esperamos más bien que la Contraloría abra las puertas para que la sociedad civil, la academia, organismos internacionales puedan asesorarla en cómo se debe transparentar la información, de cara a garantizar la rendición de cuentas y el derecho al control social”, señala Espinel, quien también habla de otro tema clave: profundizar esos reportes.

“No se están cumpliendo con ciertos estándares y buenas prácticas internacionales que nos permitan conocer de mejor manera posibles casos de enriquecimiento. Debería transparentarse cuál es la forma de adquisición de los bienes inmuebles de los funcionarios. Un ejemplo, si un funcionario que gana $1.500 tiene un terreno avaluado en $500 mil, uno ya levanta sospecha. Puede que sea una herencia o no”.

Los datos que se muestran en repositorios públicos -también bajo el amparo de otra ley, la de Transparencia y Acceso a la información- sirven para fiscalizar al poder público. La academia también los usa para identificar fenómenos que suceden en la burocracia, con el objetivo de proponer políticas. 

Irma Jara, docente e investigadora de Administración Pública, señala otros problemas que vulneran el derecho a la transparencia, porque hay instituciones que no reportan el detalle completo de las remuneraciones de sus empleados, es decir, se han omitido los nombres de esos listados. Solo consta el cargo y el sueldo.

“En el artículo 19 de la ley sobre las remuneraciones, cabe indicar que esta información también está exceptuada de Ley Protección de Datos Personales (que exige una reserva en otros casos). Ahora, esa información no es procesable para los análisis. De acuerdo con la Ley de Transparencia, yo tengo derecho a ver cómo evoluciona la remuneración de determinado servidor público, porque son recursos públicos”, cuestiona la experta y refiere que la transparencia no debe ser parcial.

Según el artículo 215 de la Constitución, la Defensoría del Pueblo tendrá entre sus funciones la protección y tutela del derecho al acceso a la información pública. Está prevista una entrevista con una vocera de la institución para los próximos días.

Ante el panorama de observaciones a la transparencia, que podrían derivar en suelos fértiles para brotes de irregularidades o posibles delitos, Ruth Hidalgo, de la organización civil Participación Ciudadana, propone la implementación de una política de Estado, es decir, planes reales y coordinados a largo plazo para combatir a la corrupción con transparencia: “El país no va a avanzar si no se declara como política de Estado la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, es bien difícil”.

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