El tráfico de influencias, un delito huraño para la Fiscalía
No prosperó en el caso Sobornos, ni contra la exlegisladora Sofía Espín. El exprefecto Mariano Zambrano debía rendir ayer, pero no se presentó.
Esquivo. Un delito que aparece como protagonista de la historia y termina dejando los reflectores para abandonar el escenario o transformarse en otro. El tráfico de influencias es una de las figuras penales con las que la Fiscalía ha buscado en varias ocasiones llevar al banquillo de los acusados a figuras del anterior Gobierno. En algunos casos lo ha logrado, pero en otros no.
El retiro de dos cargos, uno de ellos el de tráfico de influencias, en el caso Sobornos 2012-2016 es uno de esos en los que la figura penal resulta evasiva para los intereses de la Fiscalía. Pero no es el único caso.
En la investigación contra la exasambleísta Sofía Espín, por supuestamente tratar de influenciar para que una de las acusadas cambie su versión a favor del expresidente Rafael Correa en un caso de secuestro, fue reformulado el cargo al presunto delito de fraude procesal. Hay otras investigaciones estancadas por ausencia de los implicados, una en contra del expresidente Correa y otra en contra del extitular del Seguro Social Ramiro González, ambos fuera del país.
Ayer intentó avanzar una investigación en contra del exprefecto de Manabí Mariano Zambrano, por el presunto delito de tráfico de influencias, pero este no se presentó a ampliar su versión en la Fiscalía de Guayas. Es el segundo llamado, precisó Byron Pacheco, procurador judicial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente que es parte procesal en el caso contra el exprefecto.
En Guayas se investigan dos causas por este presunto delito por contratos que habrían celebrado las empresas Marítima de Comercio y Marzam, del exprefecto, con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), lo que está prohibido por la Ley de Contratación Pública.
La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en las fases precontractuales, contractuales, de ejecución y de liquidación entre Celec y las empresas antes mencionadas. El examen especial abarca el período entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017, por un monto de $ 34’075.701.
“Estamos analizando la posibilidad de que (Zambrano) comparezca con apoyo de la fuerza pública o solicitar que se vaya a la siguiente etapa (instrucción fiscal) y se convoque a la audiencia de formulación de cargos”, dijo Pacheco, quien adelantó que tomará contacto con la Contraloría General del Estado para armar una defensa uniforme.
Entre junio de 2017 y enero de 2019, la Fiscalía General del Estado recibió 345 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos por la Contraloría. De ellos, 52 son por el presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo con su informe de rendición de cuentas del año pasado, 78 personas, entre ellas algunos exfuncionarios del anterior Gobierno, estaban procesadas por varios delitos relacionados con actos de corrupción.
- Red desarticulada
Investigado laboró 2 días en el Caces
Christian Enrique Palacios Tamayo, uno de los investigados por presuntamente integrar la desarticulada red que traficaba con cargos públicos, trabajó dos días (del 31 de julio al 2 de agosto de 2019) en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces). En su carta de renuncia, con fecha 2 de agosto pasado, dirigida al presidente de Caces, Gabriel Galarza, el ahora investigado renunció a su cargo por “temas personales y familiares”.
