La transparencia se enfrenta a la ley cuando se trata de glosas abiertas en la Contraloría
La Contraloría se negó a entregar información al legislador Fernando Villavicencio. Solicitó que se certifique procesos abiertos o no en contra de 32 asambleístas
¿La ley por sobre el sentido de transparencia? Por un lado hay un asambleísta que solicita información que confirme o no la existencia de exámenes especiales o glosas en contra de 32 legisladores. Y por el otro, un contralor subrogante que se niega a entregar esos datos acogiéndose al derecho a la reserva. El legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, reveló que el contralor subrogante, Carlos Riofrío, no le entregará esa información de una lista de asambleístas.
En un oficio, con fecha 24 de agosto de 2021, el máximo funcionario del ente de control designado por el cesado contralor Pablo Celi, quien ahora está investigado en el denominado caso Las Torres por integrar presuntamente una trama para desvanecer glosas, se acoge a la Constitución, pasando por el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Protección de Datos Públicos hasta un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para decirle ‘no’ a Villavicencio argumentando, en resumen, el derecho a la reserva.
Para el legislador, es un intento de encubrir a los aludidos, sin embargo algunos legisladores y dirigentes políticos no concuerdan con él y se inclinan más por la postura del contralor. Esteban Torres, de las filas del Partido Social Cristiano (PSC), considera que hay que ser prudentes con esa información. “Lo que pasa es que muchos asambleístas actuales han sido funcionarios públicos y en ese sentido pueden ser susceptibles de investigaciones e incluso de glosas lo que no significa en absoluto que sean culpables o que su presunción de inocencia se haya roto. Más allá de saber qué asambleístas tienen algún tipo de proceso, estoy de acuerdo que esa información delicada se mantenga en reserva”, explica el asambleísta, quien recuerda que esos procesos abiertos son susceptibles de recursos ante el Contencioso Administrativo.
Se conocen los nombres, montos, cargos, eso es suficiente. Esto está cayendo en una suerte de circo provocado por los miembros internos de la Asamblea y también de forma externa.
Con él coincide la exasambleísta y presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) que ahora acoge a los afines al correísmo, Marcela Aguiñaga. La también exministra de Estado explica que una responsabilidad civil no es un indicador de un acto de corrupción ni el cometimiento de algún tipo de delito contra la administración pública. “Hay que desvanecer mitos... mientras una glosa no esté en firme y esté impugnada no es glosa ejecutable. Eso dentro del marco del debido proceso a la que tiene derecho todo ciudadano incluidos quienes fueron funcionarios públicos”, replica la dirigente, quien además puntualiza que un proceso abierto de este tipo y sin ejecutar no es impedimento para ostentar un cargo público de elección popular como ser legislador.
Una responsabilidad civil no es indicador de un acto de corrupción, ni del cometimiento de algún tipo de delito contra la administración pública. Hay que desvanecer mitos.
El coordinador del bloque legislativo de Pachakutik (PK), Rafael Lucero, prefiere apuntar a otro lado. “Viniendo de Fernando Villavicencio ya no me extraña, porque pretende a como dé lugar hacer show mediático. Lo digo así de claro”, comentó a este Diario para luego reconocer que si la información fuera destinada a una investigación seria apoyaría su revelación.
Si hay nombres como ya se han desvelado, a criterio de Lucero, debe ejecutarse la investigación en el ámbito administrativo y que de este se desprenda o no si debe trasladarse a la justicia ordinaria. “El contralor está cumpliendo con el debido proceso y tenemos que exigir que se aceleren las investigaciones con la ley en la mano y no a través de show mediático”.
Lo que el asambleísta Fernando Villavicencio quiere es tener la documentación para seguir botando lodo con ventilar a la institución de la Asamblea. Si hay nombres, que se investiguen
El líder del partido Izquierda Democrática (ID) y excandidato presidencial, Xavier Hervas, considera que quienes estén afectados por presunciones de responsabilidad y sean autoridad deberían pedir licencia y defenderse como ciudadanos. Coincide con las voces consultadas que la Contraloría debe transparentar la información, una vez que las glosas sean firmes.
La transparencia debe ser una máxima en el Estado, las instituciones públicas deben transparentar toda información de carácter público sin distingo de persona, sea asambleísta o cualquier otra autoridad
La ley y la transparencia a veces caminan de la mano, pero en otras se sueltan para extender aún más un velo que ya cubre parte de la Asamblea.
