Los trapos sucios de la Comisión pandora

Tienen cuatro semanas y ya perdieron una. El lunes se reunieron para redactar un cronograma. La correísta Victoria Desintonio pidió 24 horas para pensarlo. Se las dieron. Se tomaron 48. El miércoles se volvieron a juntar con una propuesta. La aprobaron. Hablaron de la magnitud del trabajo que tienen por delante. “Hay que leer y analizar 11,9 millones de documentos en inglés”, exageró Salvador Maita, de Pachakutik, que no pertenece a la comisión, pero pidió ser recibido nomás para decir eso. Quedaron en verse la próxima semana.

Ni remotamente, los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad soñaron con encargarse de un tema tan importante. Fue una decisión muy bien meditada. Cuando los correístas anunciaron su voluntad de quitarle el caso Pandora Papers a la Comisión de Fiscalización, la primera posibilidad que barajaron (y así se lo hicieron saber a varios medios) fue entregárselo a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. No tardaron en darse cuenta de que tal decisión los ponía en evidencia. En efecto, esta suerte de CPCCS parlamentario está controlada por correístas y socialcristianos, como su nombre lo indica, y no cuenta en sus filas con representantes de ningún otro partido. Era mucho descaro. La Comisión de Garantías Constitucionales, en cambio, tiene la inapreciable ventaja de guardar las apariencias. De sus nueve integrantes, cuatro son de Pachakutik (incluido su presidente: José Fernando Cabascango), tres son correístas (incluida la vicepresidenta: Victoria Desintonio) y los otros dos no cuentan; basta decir que ninguno es de CREO (lo cual es importante) ni del PSC (lo cual es perfecto).

Cabascango preside, pero no manda. Quien ejerce la autoridad aquí (y lo hace al estilo de los suyos: hablando fuerte) es la correísta Paola Cabezas. “Si vamos a poner esto a votación -dice ante una moción cualquiera- primero debe estar completamente claro, y me tienen que -aquí para en seco y se corrige-, nos tienen que explicar…”. Cabascango, en cambio, tímido y apocado, habla suavecito y se dirige a ella con confianza vergonzante que trata de esconder sabrá él por qué: “Como dijo Paola, perdón, jejejé, la asambleísta Cabezas, jejejé”, se retuerce y colorea. Nada más revelador que los lapsus para entender las sutilezas de las relaciones.

A esta comisión se le ha impuesto un mandato que constituye una declaración de guerra. Le ha encargado el Pleno “efectuar las investigaciones correspondientes al caso denominado Pandora Papers, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social (…), con el fin de esclarecer la vinculación del presidente de la República Guillermo Lasso Mendoza…”. Las palabras más importantes del párrafo son “conmoción social”: si el presidente la motiva, estamos ante la segunda causal de destitución contemplada en la Constitución. Destitución directa sin juicio político previo. Basta con que así lo decidan las dos terceras partes de la Asamblea, y entre correístas, socialcristianos y Pachakutik tienen más que eso. En tal caso el presidente se va a su casa, el vicepresidente ocupa su lugar y el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas porque la Asamblea también marcha. Es la versión inversa de la muerte cruzada. Eso nada menos es lo que tiene entre sus manos la Comisión del tímido y apocado asambleísta Cabascango y su amiga Paola.

Primero deben demostrar que el presidente o bien tiene empresas off shore en paraísos fiscales, o bien es evasor de impuestos. Lo primero parece difícil de demostrar: el CNE ya examinó las pruebas de lo contrario y concluyó que Lasso está libre de culpa. Los esfuerzos de la Comisión se centrarán, pues, en los segundo. En palabras de uno de sus integrantes, Mario Ruiz: “Hay un grupo periodístico que saca a relucir alrededor de 11.9 millones de documentos y ahí lo vinculan al presidente de nosotros que sigue manteniendo en paraísos fiscales empresas off shore. Él dice las tuve, antes del 2017, tenía 14, cerró 11. Hay que justificar qué pasó con esas 11, dónde está esa plata y con las últimas tres qué pasó, qué hizo, trajo esa plata para acá, declaró allá, eso tenemos que investigar”.

¿Cómo lo piensan hacer? He ahí la cuestión: no lo piensan hacer. El cronograma de comparecencias que demoraron tres días en aprobar es un bonito saludo a la bandera. Las tres semanas que les quedan serán suficientes para exhibir a la familia del presidente, crear mil suspicacias en torno a su notario y a sus socios y demorarse con los representantes del SRI y del CNE, de la Contraloría y la Fiscalía, exigiéndoles información que está al alcance de cualquiera y que les servirá para muy poco. Porque la única manera de comprobar si una persona evadió impuestos es mediante una auditoría tributaria y los integrantes de la Comisión no tienen ni el tiempo ni las herramientas para hacerla. Por eso, más de la mitad de las comparecencias no pretenden obtener información específica sobre los movimientos financieros de Lasso, sino establecer una serie de criterios sociológicos, políticos, morales y otros principios generales sobre el cuco de los paraísos fiscales.

Académicos, especialistas, representantes de organismos de la progresía internacional… Han decidido invitar a Mauro Andino y a Katiuska King, a la Red de Justicia Fiscal de América Latina y al Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas, a la Oxfam (una confederación mundial de oenegés para el combate de la pobreza) y a Página 12 (un diario radical peronista de Argentina que apoya a Rafael Correa)… ¿Qué información concreta sobre Guillermo Lasso pueden aportar estos comparecientes? Ninguna, pero proveerán a la Comisión de una batería enorme de generalidades con las cuales componer un hermoso documento lleno considerandos solidarios, incluyentes y pletóricos de buen rollito. Paola Cabezas ya preparó el terreno: si la Comisión había establecido como fecha de inicio de sus investigaciones el 17 de diciembre de 2017, día de la consulta popular que prohibió a los funcionarios ecuatorianos tener dinero en paraísos fiscales, ella pidió que “no nos pongamos un límite”. “El tema de los paraísos fiscales -dijo- es un fenómeno que debe ser abordado en su generalidad”.

Lo más importante ya está hecho y nadie se dio cuenta: el Pleno de la Asamblea ya decidió que el caso Pandora Papers ha causado una “seria conmoción social” en el Ecuador. No cualquier tipo de conmoción social, sino una seria (cabe suponer que las hay chistosas). Seria conmoción social: el país está paralizado; la capital, bajo sitio; las principales ciudades, desabastecidas; la Sierra Central, privada de servicios; la sede legislativa, tomada por asalto; la Contraloría, incendiada… Todo por culpa de las off shore del presidente. No se explica cómo no lo han destituido aún.

Lo más grave

Lo importante ya lo decidió el Pleno sin que nadie se diera cuenta: el caso Pandora Papers ha causado una “seria conmoción social”. Con eso ya pueden destituir al presidente.

tarea difícil

Se trata de probar que Guillermo Lasso evadió impuestos. ¿Cómo lo piensan hacer? He ahí la cuestión: no lo piensan hacer. Ellos no están para auditorías tributarias.

La veeduría: un vaso de espuma

“Quisiera mocionar que contemos con una veeduría internacional”. La propuesta de la asambleísta de Pachakutik Sofía Sánchez cayó como un ladrillazo en un charco. La correísta Paola Cabezas reaccionó como si hubieran invadido el patio de su casa: “¿Y qué haría esa veeduría? ¿Cuál es la hoja de ruta?” Tan nerviosa se puso Sánchez que no atinó a decir lo evidente: “ver”. Se produjo una gran agitación. Todo el mundo quiso intervenir. Pachakutik y el correísmo se enfrascaron por un momento en una discusión bizantina en la que ninguno quiso ceder y en el transcurso de la cual quedó claro que no había nada más inocuo que la mentada veeduría. Tan inocuo que se aprobó por mayoría. El jueves, la correísta Mónica Palacios anunció desde Nueva York que se dirigía a pedir esa veeduría en la ONU. Moraleja: hay que consultar siempre con Paola.