El trastorno mental está bajo el amparo de la ley

Justicia, es el clamor que siempre salta cuando se piden sanciones a responsables de un acto ilícito. ¿Pero qué pasa cuando esa persona que ha cometido un delito padece o es reconocida públicamente con algún trastorno mental?

El pasado lunes 26 de julio, el policía Josué Mero fue atacado con un machete por un hombre conocido como el Mesías, en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. El uniformado permanece con pronóstico reservado y, aunque ha mostrado signos de mejoría, su situación no deja de ser grave. “Desde los hombros hasta los pies no tiene sensibilidad ni movimiento”, reveló su esposa Andrea Velasco, en redes sociales, a través de las cuales pide ayuda a las autoridades para su tratamiento.

El ataque al uniformado llevó a la Fiscalía de esa localidad a formular cargos por el delito de tentativa de asesinato en contra de Luis Gerardo Guerra Nieto, un hombre de 56 años. El individuo, a quien la población de Quevedo reconoce que actúa fuera de sus cabales, también está postrado a una cama por un balazo que recibió cuando intentó atacar con el mismo machete a otro policía.

La psicóloga Teresa Correa Suárez señala que, “a simples rasgos”, se puede observar que el hombre presenta problemas de alucinaciones que se determinan como esquizofrenia y trastorno compulsivo. “Lamentablemente no tuvo un tratamiento a tiempo y no se ha prestado atención a sus delirios, aparte el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas altera el pensamiento, la percepción, los afectos, la conciencia y la capacidad de la persona para actuar y relacionarse normalmente”, explicó.

La psicóloga Karina Ponce Espinoza ilustra que la esquizofrenia es una enfermedad mental que hace ver a quien la padece que está bien aparentemente, pero no vive una realidad existente.

“Si esto no es tratado a tiempo se pueden desencadenar una serie de conflictos que atenten con la vida de las demás personas e incluso con la de ellos mismos”.

Instó a la creación de instituciones que se hagan cargo de este tipo de personas que presenten alguna necesidad clínica, para así poder insertarlos a la sociedad sin miedo a que sean una amenaza.

Según el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para que    una    persona    sea considerada    responsable    penalmente    deberá    ser    imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. En el artículo 35 del mismo cuerpo legal establece que no existe responsabilidad penal en el caso de trastorno mental debidamente comprobado.

¿Y cómo se determina ese trastorno? El siguiente artículo señala como “la persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento    de    un    trastorno    mental,    no    será    penalmente responsable".    En    estos    casos    el    juzgador    dictará    una    medida de seguridad.

A renglón seguido se señala que la persona que al momento de cometer la infracción se encuentra    disminuida    en    su    capacidad    de    comprender    la      ilicitud    de    su    conducta    o    de    determinarse    de    conformidad      con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada    en    un    tercio    de    la    pena    mínima    prevista    para    el tipo penal.

El 27 de julio de 2017, Guerra Nieto fue sentenciado por insultos a policías del mismo cantón, que realizaban un control.

Según la resolución, se evidenció un posible trastorno mental en el individuo; pero, al no existir un peritaje psicológico que confirme su situación mental, la juzgadora dispuso como sanción un tratamiento médico psicológico, capacitación, programa o curso educativo.

Se ofició al Ministerio de Salud Pública del cantón, para que remita el informe de la comparecencia del sentenciado al tratamiento. Lo que, al parecer, no cumplió. En octubre de 2020, la justicia archivó otra investigación en su contra.