Más de treinta asambleístas tienen denuncias por presuntos actos de corrupción en la Fiscalía

No es algo nuevo. Las denuncias de presuntos actos de corrupción que involucran a asambleístas o exasambleístas se han venido dando continuamente. La detención del asambleísta Daniel Mendoza (PAIS), por el presunto delito de delincuencia organizada, es otro capítulo en la historia de la Función Legislativa.

Han crecido en los últimos años las denuncias por el accionar de los legisladores, sobre todo al interior de la Asamblea, en relación al presunto cobro de un porcentaje de los sueldos de sus colaboradores. Es así que casi una veintena de asambleístas tienen abierta una investigación previa en la Fiscalía, y aún se espera un pronunciamiento (ver infografía).

Las denuncias de corrupción, en el último periodo, les han costado el puesto a tres asambleístas: Sofía Espín (RC), Ana Galarza (CREO) y Norma Vallejo (Alianza PAIS). Esta última además espera fecha para la audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Ella está acusada de tráfico de influencias.

En la Fiscalía reposan dos acusaciones contra asambleístas de diferentes tiendas políticas: una presentada por el legislador ex-CREO Fabricio Villamar, y la otra por la expresidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas. De los dos casos, aún no se conoce ninguna decisión. Las denuncias fueron presentadas en 2018.

La Contraloría en 2015 encontró “un posible incremento injustificado de su patrimonio y que acarrea responsabilidad penal” en las declaraciones juramentadas de asambleístas. Esta documentación fue enviada a la Fiscalía y también se notificó a la Asamblea. Son cinco legisladores de Alianza PAIS y uno de CREO; sin embargo, por estar en manos de la Fiscalía, no se conoce si estas acusaciones fueron o no desvanecidas por los acusados, o si todavía la investigación previa se mantiene.

Como ejemplo, en el documento enviado a la Legislatura se señala que “la variación patrimonial reflejada en las declaraciones patrimoniales juradas presentadas y elevadas a escritura pública por el señor Agustín Javier Delgado Chala, al no declarar de forma completa sobre el patrimonio, activos y pasivos, reflejó un patrimonio irreal, toda vez que existieron omisiones y diferencias en los componentes de dinero en efectivo, en bancos y otros rubros, bienes inmuebles, vehículos, inversiones y pasivos”.

Sin embargo, un hecho que marcó los últimos años es la detención de la legisladora oficialista Esperanza Galván, el 24 de mayo de 2015, tras participar de la sesión solemne por el 24 de mayo, luego de escuchar el Informe a la Nación por parte del presidente Rafael Correa, quien durante su discurso anunció que se ha detectado un acto de corrupción. La exasambleísta fue acusada y sentenciada a tres años de prisión por el delito de cohecho.

Así también, estuvo el caso de la exasambleísta de Alianza PAIS María Alejandra Vicuña, quien fue acusada y sentenciada a un año de prisión por el delito de concusión. La acusación en contra de Vicuña surgió cuando ostentaba el cargo de vicepresidenta de la República. Se la acusó de haber solicitado aportes económicos a sus colaboradores, entre estos Ángel Sugbay, quien fue asistente y asesor cuando la exfuncionaria era asambleísta.

Pero todo esto no es nuevo. En la Función Legislativa se han dado hechos que han involucrado a los entonces llamados diputados. Un ejemplo de ello es la denuncia del denominado caso Luis Peñaranda, en 1997, por parte de la Comisión Anticorrupción, durante el gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz, que involucró a diputados de la época en la adquisición de computadoras para colegios y escuelas fiscales y municipales de sus respectivas provincias. Según la denuncia, fue una forma de desviar fondos en provecho propio.

El Congreso destituyó a 17 diputados. La Corte abrió un proceso y dictó prisión preventiva. Se fugaron 13 diputados. La malversación y el enriquecimiento ilícito dieron cuenta de 24 mil millones de sucres. Entre los detenidos estuvieron los diputados Milton Fabara (ex-PSC) y Homero Fuentes (ex-PCE). 

Denuncias.

En la Fiscalía reposan las denuncias que se han presentado en contra de los asambleístas en fase de investigación previa.

Procedimiento.

Mientras permanece en esta instancia, las investigaciones son reservadas y no se puede dar a conocer el avance de las mismas.

Trámite.

Los asambleístas gozan de fuero de Corte, por lo tanto, el proceso debe llegar a manos de un magistrado de la Corte Nacional, que será el que lleve adelante la causa.

Principalización.

En caso de que haya una sentencia en firme, el pleno de la Asamblea podrá sustituir al legislador, principalizando al alterno.

ALianza PAIS se desmarca.

Tras los hechos suscitados con el asambleísta Daniel Mendoza, la bancada de Alianza PAIS, en un comunicado primero deja en claro que el legislador pertenece al Movimiento Mejor, y exige que, en base al debido proceso, “se determinen las respuestas oportunas y sanciones penales en beneficio de la verdad por el país”.