Tres candidatos se disputan una vocalía dentro del IESS
Este martes venció el plazo para la designación de los delegados. Los empleadores no tuvieron mayores dificultades para escoger a su representante.
La disputa divide a los gremios de trabajadores del país para ocupar la vocalía en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Hay tres personas designadas por distintos colectivos de los trabajadores.
Uno de ellos es el abogado Ramiro García Falconí, un reconocido jurista en la capital que fue designado por el grupo donde está la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Parlamento Laboral Ecuatoriano, entre otros.
García, quien fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha (2016-2020), posee un PhD en Derecho Penal y Procesal. Además es catedrático universitario. Su trabajo no ha estado alejado de la opinión pública y de la política. En 2018 formó parte de la comisión calificadora que seleccionó a los nuevos jueces de la Corte Constitucional, tras la decisión del entonces Consejo de Participación Ciudadana transitorio. A la fecha es gerente general de la firma jurídica García-Falconí & Asociados
Según información del Servicio de Rentas Internas, en 2021 pagó $ 2.601 en Impuesto a la Renta, mientras que en 2020 canceló $ 1.981 y en 2019 el pago ascendió a los $ 21 mil.
Por el lado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional de Servidores Públicos, entre otros grupos, oficializaron como su candidato al jurista Richard Gómez Lozano. Actualmente es el presidente del gremio de los trabajadores eléctricos y no ha dudado en ponerse la camisa del gobierno de turno.
Durante el mandato de Rafael Correa defendió la política del entonces primer mandatario. “Siempre firme, presidente. Los trabajadores estamos con la revolución ciudadana”, publicaba en 2017. Mientras que en la gestión de Lenín Moreno fue uno de los líderes gremiales opositores al paro de transportistas e indígenas del 2019 y públicamente respaldó las acciones del expresidente. Con Guillermo Lasso ocurre lo mismo: desde la campaña electoral ya firmaba acuerdos. De hecho, ayer en la presentación de su candidatura fue recibido por el actual presidente del IESS, Alfredo Ortega, quien es el vocal de la Función Ejecutiva en el Directorio.
Gómez aparece como accionista en una empresa dedicada a servicios jurídicos en Guayaquil y según información del SRI su pago de impuesto a la renta de 2021 fue de $ 2.060,50, en 2020 de $ 872,08 y en 2019 de $ 534,49.
El otro aspirante que busca ocupar un espacio en el IESS es el designado por la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío. Se trata de Carlos Manuel Sánchez Torres, un médico cirujano y catedrático que actualmente es el asesor en seguridad social del gremio. En la palestra pública su nombre no resulta familiar, no ha sido un personaje dedicado a la política. No obstante, según los registros no ha presentado durante los últimos siete años su declaración de impuesto a la renta.
La presentación de las candidaturas para representar a los trabajadores fue oficializada ayer, pero en dos grupos la pugna es latente. Por un lado, el bloque del FUT (donde hay 14 gremios) rechaza la candidatura de Gómez por ser la opción del Gobierno de Lasso y no estar legalmente constituido; mientras que los colectivos a favor de Gómez (17) rechazan al delegado del frente liderado por el FUT por no representar a los trabajadores.
“Condenan la política, pero la practican”, es la primera reacción que tiene el experto en seguridad social Marco Proaño Maya al conversar con EXPRESO. El jurista explica que “quien llegue debe velar por lo esencial del seguro social, que es la salud y las pensiones jubilares”, aunque con el panorama que muestran en este inicio, con conflictos para definir a un solo delegado, aquello podría quedar relegado.
Quienes sí lograron un consenso fueron los representantes del sector de los empleadores. Sandra María de los Ángeles Rodríguez Rosero es quien, de estar idónea, pasaría a ocupar la vocalía en el Directorio. Ella es economista y durante el mandato de Lenín Moreno fue viceministra de Economía y delegada permanente al Directorio de BanEcuador. Al ser funcionaria pública, registró en su declaración juramentada de 2021 un patrimonio de $ 673.459; mientras que su pago de IR el año anterior fue de $ 568, en 2020 declaró en cero y desde 2009 al 2019 registra que “la declaración de renta aún no ha sido presentada”.
