Tres nuevas leyes para intentar frenar el crimen
Una busca ordenar el control de armas Otra, el espacio aéreo con ayuda de Estados Unidos Pero hay más en espera
En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional hay tres proyectos de ley con los que se pretende aportar en el combate al crimen organizado en medio de la guerra interna. Estos se suman a otros dos que ya están en el Registro Oficial.
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A inicios de este mes, en el pleno del Legislativo se aprobó con 122 votos la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional, que permite el uso progresivo de la fuerza en el cielo ecuatoriano, con la asistencia de Estados Unidos.
La presidenta de la mesa legislativa, Inés Alarcón, indicó que se espera el veto presidencial para cumplir con los procesos correspondientes y que la norma entre en vigencia. Estima que a más tardar, la semana siguiente estaría lista la respuesta.
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Esta ley tiene como objetivo principal la eliminación de pistas clandestinas usadas por las organizaciones criminales; controlar el sobrevuelo de drones sobre zonas de seguridad del Estado, especialmente las cárceles; además de regular la colaboración norteamericana en la interceptación cuando haya un inminente peligro en el aire.
“Justamente esta ley fue trabajada con la Embajada de Estados Unidos. Ellos han sido parte fundamental en este proyecto de ley. La cooperación internacional es importantísima porque nosotros somos un país que necesitamos de este apoyo complementario y lo estamos teniendo. El proyecto respeta también los convenios internacionales, pero también hacemos respetar nuestra valía y soberanía”, destacó Alarcón.
Sin embargo, existe otro marco legal considerado de vital importancia para los expertos en seguridad en el tema del control de armas. Una normativa que pretende “poner en orden” lo dispuesto en el gobierno de Guillermo Lasso en abril de 2023, cuando en cadena nacional anunció que se permite la tenencia y porte de armas de uso civil.
El objetivo es que ese armamento sirva para defensa personal, pero cumpliendo ciertos requisitos legales como el certificado médico y psicológico del Ministerio de Salud y otros más. “Nosotros lo que estamos haciendo es darle un procedimiento claro al ciudadano, si bien es cierto eso se maneja en la parte del reglamento, el Ministerio de Defensa tendrá la rectoría”.
Además, en cuestión de optimización de recursos, se determinará la trazabilidad de las armas decomisadas a las mafias, para junto con el mandato de la consulta popular poder identificar cuáles pueden servir para dotar de equipamiento a la Policía Nacional, que también está carente de armamento y municiones.
John Garaycoa, experto en seguridad ciudadana y propietario de una empresa de custodia privada, y quien ha sido invitado a la preparación de informes para primer y segundo debate, manifestó que aunque los marcos legales son muy buenos, es necesario establecer también mecanismos de control al “elemento humano”.
Se espera que para julio, la ley sea debatida en el pleno de la Asamblea Nacional y cuente con el respaldo de la mayoría.
El tercer proyecto es la Ley Orgánica de Seguridad Digital, que plantea diagramar, organizar y ejecutar todo un sistema de protección y reacción frente a las amenazas y ataques en entornos digitales.
También contempla la creación de subsistemas de ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia. Tiene 90 artículos, una disposición general, nueve reformatorias, tres transitorias y una disposición derogatoria.
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