Caso Encuentro: Tres universidades vendieron medicinas por $ 30 millones
Un sistema opaco de compras se emplea en el área de la salud. Las empresas universitarias hacen alianzas con firmas privadas
De las aulas de la Academia a jugosos contratos estatales. Un papel clave en la trama de corrupción del caso Encuentro jugaron las empresas estatales de las universidades.
En un diálogo transcrito, los sospechosos revelaron su hoja de ruta para vender paracetamol con sobreprecio al IESS y mencionaron, concretamente, el uso de la Empresa Pública de Bienes y Servicios de la Universidad Central del Ecuador (UCE Proyectos EP) para vender fármacos que ellos llamaron “el lomo fino del lomo fino”.
Lejos de ser una excepción, el mecanismo que revelan los delincuentes responde a una práctica habitual: contratar a empresas universitarias a dedo.
En ese contexto, la UCE Proyectos, la Empresa Pública de la Universidad de Ambato (UTA EP), y la Empresa de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH EP) han recibido adjudicaciones de entidades de salud por 30,1 millones de dólares, entre 2018 y 2023.
¿Qué capacidad técnica tiene una empresa universitaria para proveer medicinas? ¿Tiene los permisos para el manejo de fármacos y su logística? ¿Los fabrica en sus laboratorios? ¿Tiene los registros sanitarios para comercializar medicinas?
De los contratos revisados por EXPRESO se detalla que ni UCE Proyectos EP ni UTA EP ni UTMACH son fabricantes ni importadores. Simplemente, se adjudicaron los contratos con los hospitales o con el Ministerio de Salud Pública no por su capacidad técnica, sino gracias al artículo 2, numeral 8, de la Ley de Contratación Pública, que avala que cualquier entidad pública puede contratar de forma directa a una empresa pública mediante el uso del Régimen Especial.
“Los hospitales o entes de salud deben contratar con empresas públicas cuya capacidad técnica y jurídica este relacionada a sus necesidades”, indicó Luis Alberto Andrade Polanco, abogado experto en contratación pública y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Andrade indica que hay una distorsión de este mecanismo, pues las casas de salud realizaron procesos de contratación donde se adjudica a empresas universitarias que no tienen la suficiente capacidad técnica para ejecutarlos. “El Procurador General del Estado recientemente determinó que los contratos publicos que provengan del régimen especial no pueden ser ejecutados por las empresas públicas mediante cualquier forma asociativa con privados”. Andrade explica que antes de dicho pronunciamiento cuando una empresa universitaria recibía un contrato, esta podía firmar una “alianza estratégica” con cualquier compañía privada, con el fin de cumplir el objeto de la contratación. Andrade agrega que con el pronunciamiento del Procurador la empresa estatal debe ejecutar el contrato sin aliados privados.
Un ejemplo de alianzas estratégicas se ve en el proceso RE-CEP-MSP-006-2021, del año 2021. El Ministerio de Salud adquirió a través de la UTA EP 19,8 millones de dólares en medicamentos que los iba a utilizar en el programa para externalización en farmacias.
Al mismo tiempo, la UTA para cumplir los contratos firmó una alianza estratégica para la comercialización y abastecimiento de medicinas con Distplolab S.A., Distribuidora Meinjor Import Medik Cia. En 2021, la empresa universitaria se encargó de suministrar, al IESS, medicinas que eran para el área de oncología, para tratar diferentes tipos de cáncer.
- Quito. En la alcaldía de Jorge Yunda se dio un contrato de repavimentación al Cuerpo de Ingenieros EP y este subcontrató con Geinco.
¿Quién está detrás del fármaco?
En febrero de 2022, EXPRESO publicó una noticia sobre una compra centralizada de medicinas del Ministerio de Salud a través de la Universidad Técnica de Ambato EP. La denuncia en ese momento fue que se proveyó al Hospital del Niño de Guayaquil el fármaco citarabina (para pacientes con cáncer) con una fecha próxima por caducar. Tras la publicación, la entonces ministra de Salud, Ximena Garzón, ordenó el cambio de lote. Pero a pesar de que este Diario se contactó en más de dos ocasiones con la UTA EP, la entidad no quiso revelar quién era el proveedor de la medicina.
