Al Tribunal Andino no lo financian ni los socios
El ente tiene recursos hasta finales del mes. Los países ignoran sus llamados de auxilio
La crisis empieza a golpear a los organismos de integración. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene sus oficinas en Quito, podría ver afectadas sus operaciones hasta finales de este mes si los países miembros de la Comunidad Andina, no se igualan con los aportes financieros a los que se comprometieron para sostener el sistema.
La mayor carga recae sobre Ecuador que tiene oficialmente la sede del Tribunal, pese a lo cual registra atrasos desde el tercer trimestre de 2019; de todo el presupuesto del 2020 y de 11 meses del pago del arriendo del edificio que ocupa esta instancia regional en el norte de la capital. En total, $ 264.139.
El Tribunal ha enviado, desde inicios de año, cartas a las autoridades de todos los niveles de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, que en conjunto adeudan al Tribunal aproximadamente $ 1,4 millones, pero no ha obtenido ninguna respuesta.
En el país, las gestiones se hicieron ante el anterior canciller José Valencia y ante el actual Luis Gallegos. Incluso, el 28 de julio pasado, enviaron una carta al presidente Lenín Moreno explicándole la situación de la entidad pero no han obtenido resultados.
EXPRESO consultó sobre el retraso al Ministerio de Finanzas, que contestó que, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, trabaja en un “cronograma para cumplir con los pagos prioritarios, en los próximos días”.
El parlamentario andino Fausto Cobo dijo que es lamentable que el Gobierno ecuatoriano no esté cumpliendo con su compromiso con el Tribunal como país sede. “El Ejecutivo de la Comunidad Andina funciona en Lima, el Legislativo tiene el acuerdo sede en Bogotá y el órgano de Justicia está en Quito. Cada uno adquiere compromisos, pero ese Tribunal funciona con serias limitaciones”, señaló el legislador.
La posibilidad de que el Tribunal vea afectada su actividad genera inquietud en organizaciones no gubernamentales como la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI). Su director, Pablo Solines, dice que si bien este órgano no emite resoluciones mediáticas, cumple un rol fundamental en la resolución de controversias entre los países miembros.
“Podría decir que es el órgano más importante de la Comunidad Andina y el que sostiene el proceso de integración porque determina qué países cumplen con la normativa”, le dijo Solines a EXPRESO.
En el Tribunal se tratan, entre otras, normas relacionadas con comercio exterior; telecomunicaciones, competencias y derechos de autor en la región.
La sede propia, otra complicación
Uno de los compromisos que adquieren los países sede es dotar de instalaciones a los organismos que acogen.
Sin embargo, Felipe Aguilar, secretario del Tribunal, le dijo a EXPRESO que eso en Ecuador no se ha concretado y por eso les ha tocado arrendar desde hace casi cuatro décadas.
En 2008, hubo el ofrecimiento de entregar al Tribunal una edificación de Ferrocarriles del Ecuador en el centro de Quito, pero hasta ahora no se concreta.
Presupuesto
Desde 2008 el presupuesto del Tribunal Andino está congelado en 1,2 millones de dólares. Pese a que según un estudio del organismo, la inflación del Ecuador en los últimos 13 años es del 43,5 %. En la actualidad, este ente funciona con 23 personas, entre ellas; 4 magistrados, un secretario y cuatro abogados.
Histórico
Según las cifras del Tribunal, Bolivia es el país que más retrasos presenta en las aportaciones para su funcionamiento. En total, debe al organismo $ 519.536 que se han ido acumulando a través del tiempo. Le sigue Perú con $ 374.412 y muy de cerca Colombia con $ 331.680.
