Tribunal condena a tres procesados por presunta trata de personas

Alrededor de las 21:00 de este viernes 14 de abril el tribunal penal de Pichincha sentenció a tres sospechosos de presunta trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. El anuncio se dio en el Complejo Judicial norte de Quito. Este viernes las defensas concluyeron con la presentación de sus pruebas.

Una vez escuchados los alegatos de cierre de las partes el tribunal de garantías penales se retiró a deliberar. Luego del análisis de las pruebas presentadas durante el juicio el tribunal sentenció a tres personas como responsables del delito. A Omar Campoverde a 16 años de prisión en el grado de autor. Mientras que a Carlos Carguachi se le impusieron 13 años como coautor y a Gabriela Gallardo se le sentenció a cinco años con cuatro meses como cómplice del posible delito.

Mientras que el tribunal ratificó la inocencia de Juan Bustamante y Alexis Moscoso por no estar vinculados con el delito. En tanto que la resolución para Ernesto Flores, Nelly Yacelga, Cristian Caiza y Silverio Cocha por existir insuficiencia de pruebas para declarar la responsabilidad de los sospechosos en el presunto delito, los jueces ratificaron su estado de inocencia y se ordenó la revocatoria de la prisión preventiva.

Para las víctimas del posible delito el tribunal dispuso el pago de 10.000 dólares como indemnización. Campoverde deberá pagar 300 salarios básicos, su esposa Raquel Gallardo 100 salarios y Carguachi también 100 salarios. Los miembros del tribunal fueron Fanny Altamirano, Sara Costales y Luis Fuentes.

Fueron en total nueve los sospechosos. El pasado 11 de noviembre la jueza Ana Cristina Guerrón llamó a juicio a los nueve involucrados por encontrar elementos suficientes que hacían sospechar de la relación de los mismos para cometer el presunto ilícito. Entre los elementos presentados en contra de los procesados se encuentran la asistencia penal internacional remitido por la Fiscalía de Colombia en la que se envió información sobre el grupo Segunda Marquetalia y el sector en donde operaría. 

Otras pruebas fueron las vigilancias y seguimientos que se hicieron a los sospechosos que hacían presumir que se habían presumido reuniones con los jefes de ese grupo en Colombia. Además hubo la incorporación a las pruebas de los movimientos migratorios, el análisis de los teléfonos, informes telefónicos, pericias de entornos social, pericias sicológicos, cotejamiento de voces y resultados de allanamientos.

El año pasado la Policía señaló a los procesados como parte del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL). Según las investigaciones, esta agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en la Amazonía para captar personas (de forma irregular) y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana.

Según las investigaciones los líderes del MGTL habrían mantenido reuniones con dirigencia de facciones disidentes de las FARC en la frontera colombo-venezolana. Un informe de Inteligencia policial señaló que desde el 5 de septiembre de 2020, el Movimiento Guevarista había realizado capacitaciones, simulando encuentros llamados “Escuela de fe y política” en ocho provincias que se hacían los viernes, sábado y domingo.

¿Qué temas trataban? El informe de Inteligencia menciona lucha callejera, introducción a la guerrilla urbana, ideología leninista, marxista, guevarista, defensa personal y disciplina paramilitar. Los espacios habrían sido aprovechados con jóvenes indígenas a los que les ofrecían mediante engaños becas de estudio en una universidad de Argentina con todos los gastos pagados. Lo beneficiarios eran trasladados a San Roque, en la calle Chimborazo a la conocida Casa Rebelde. Les llebaban por el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con la ruta Quito-Medellín-Bogotá.

Ellos habrían sido llevados a campamentos de la Segunda Marquetalia, facción disidente de las FARC vinculada con actividades de narcotráfico. La historia de una de las personas reclutadas que contó a las autoridades de Colombia permitió desvelar el caso.

Al momento de la detención de los sospechosos familiares dijeron que se los persigue por ser luchadores sociales.