
Tribunal revoca fallo inicial y ordena juicio contra militares por lavado
Los jueces pidieron a la jueza María Fernanda Castro Angos que explique por qué sobreseyó a los procesados
La Sala Especializada Anticorrupción ha anulado la resolución de sobreseimiento que, en primera instancia, había beneficiado a los exmiembros del Ejército Orlando Leonel Jimenez Molina, Jairo Alberto Arteaga Llerena y Hector Jeovanny Castillo Viejo, emitida por la jueza María Fernanda Castro Angos.
Esta decisión fue adoptada tras la apelación presentada por la Fiscalía contra el veredicto dado en enero, el cual había suscitado inquietudes en las autoridades competentes. Ahora, los implicados enfrentarán juicio por lavado de dinero.
El vínculo con la mafia albanesa y las pruebas incriminatorias
Dentro de los hallazgos del caso, la Fiscalía destacó una supuesta conexión de los acusados con la mafia albanesa. Se presume que esta organización delincuencial reclutó a los agentes de inteligencia militar para una operación que buscaba supuestamente organizar atentados contra la seguridad de operaciones militares o policiales.
A los procesados se les incautaron 100.000 dólares durante una intervención, dinero destinado presuntamente para sobornar a oficiales del Ejército. Estas acciones tenían el objetivo de obtener información sobre agentes operativos y aquellos que colaboraron en la incautación de un considerable cargamento de droga—22 toneladas de cocaína—en Los Ríos, en enero de 2024.
Como parte del cúmulo de evidencias, se encontraron mensajes de WhatsApp en el móvil de Castillo, donde, según la Fiscalía, coordinaban las actividades.
Medidas cautelares y futuras implicaciones para la jueza Castro
El tribunal ha ordenado medidas cautelares que incluyen la presentación periódica de los tres implicados y la restricción de salida del país. Además, ha solicitado a la jueza Castro que, en un plazo de 10 días, entregue un informe esclareciendo su proceder en esta causa. Este análisis será crucial para determinar si hay o no error inexcusable por parte de la jueza, lo que podría llevar a su destitución, si es que esto se lleva hasta el Consejo de la Judicatura.
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