Sin tribunales el Pleno muere

Una relación tóxica es la que tiene la Asamblea Nacional con el sistema de justicia: de aversión y dependencia al mismo tiempo. Este martes, por la mañana, un juez de Garantías Penales del cantón Quito le dijo al Pleno lo que tenía que hacer (más exactamente, lo que no debía hacer: nombrar una comisión evaluadora para justificar la destitución de la presidenta Guadalupe Llori) y media Asamblea puso el grito en el cielo. Por la tarde, los mismos legisladores que se quejaban de injerencia, decidieron recurrir a otros jueces (esta vez los de la Corte Constitucional) con la esperanza de quitarse de encima un veto presidencial contra el cual no tienen los votos suficientes: el veto a la ley que garantiza el aborto en casos de embarazo por violación. Todo con argumentos tan alambicados que no resulta exagerado decir que en este salón se viola la ley hasta para cumplirla.

Todo estaba listo para iniciar el proceso de destitución de la presidenta. Una vez que el Gobierno le retiró su apoyo y luego de semanas de intentos infructuosos, había finalmente un consenso para conformar la comisión evaluadora. El pedido de cambio del orden del día para introducir el tema a debate había sido ya presentado por el correísta Fausto Jarrín. La sesión estaba a punto de empezar cuando llegó a la sede legislativa la noticia de que las medidas cautelares solicitadas la víspera por Guadalupe Llori y el procurador judicial Santiago Salazar, habían sido concedidas. Hubo reuniones urgentes de los bloques en el salón plenario, al término de las cuales Jarrín retiró el pedido, no sin antes denunciar “la grosera y afrentosa intromisión de la Función Judicial” a favor de la cual votaría horas más tarde en el tema del veto a la ley del aborto.

“Me voy a abstener de hacer el pedido de cambio de orden del día pero sí les voy a pedir que nos neguemos a participar en este circo”, dijo Jarrín para cerrar vistosamente.

El episodio sirvió para que los conspiradores decidieran actuar, por una vez, conforme a Derecho, es decir: presentando una denuncia concreta contra la presidenta para que sea calificada y se constituya la comisión respectiva. El tema para esa denuncia se lo facilitó la propia presidenta al echar mano del procurador de la Asamblea para usarlo como si fuera su abogado particular. Así lo anunció el socialcristiano Esteban Torres. “La comisión va porque va, si no es hoy, será mañana”. Con o sin medidas cautelares, la Presidencia de Guadalupe Llori tiene las horas contadas. También el procurador Salazar debería ir buscando otro trabajo.

Así las cosas, la sesión pudo continuar, por primera vez desde que este tema está sobre la mesa, sin griteríos ni altercados. Se trató el veto presidencial a la ley sobre el aborto en casos de embarazo por violación. Un tema en el que la Asamblea tiene las de perder, pues no cuenta con las dos terceras partes de los votos necesarios para reafirmarse en su texto original. Así que, con el fin de ganar este pulso a Carondelet, la Comisión de Justicia presidida por Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, decidió dar un rodeo por la Corte Constitucional.

Johanna Moreira, asambleísta ponente, expuso el argumento: el veto que Guillermo Lasso presenta como parcial, dijo, es en realidad un veto por inconstitucionalidad. El presidente propone reformar casi el 90 por ciento del texto elaborado en la Asamblea y presenta, prácticamente, una nueva ley. Pero todos sus criterios apuntan a la inconstitucionalidad del texto y requieren, por tanto, un dictamen previo de la Corte Constitucional. Y esa fue la moción que Moreira sometió a votación: enviar el veto presidencial a la Corte Constitucional para que se pronuncie. 75 legisladores correístas, socialcristianos, de Pachakutik y la Izquierda Democrática votaron a favor de la propuesta

Lo demás fue lo de siempre: la correísta Pierina Correa y la socialcristiana Geraldine Weber volvieron a invocar el derecho a la vida desde la concepción como si no existiera un dictamen de la Corte que despenaliza el aborto en casos de embarazo por violación. Y el veto presidencial no mereció siquiera el beneficio del debate. Bastó con calificarlo de “veto de constitucionalidad” para librarse de él. No se sabe por cuánto tiempo.