Triple A: Juez decide si dicta prisión preventiva u otras medidas para 5 procesados

El juez Jairo García escuchó la tarde de este lunes 16 de diciembre de 2024 las solicitudes de los abogados de cinco procesados en el caso Triple A, a los que el fiscal Leonardo Alarcón señala de supuestamente haber participado en una presunta red dedicada al comercio irregular de combustibles.

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En la diligencia, los defensores de Fernando Xavier Viteri Henriques, José Ricardo Cevallos Avellán, Lady Juliana Cedeño Toala, Jessenia Monserrate Vélez Orellana y Carolina del Rocío Troya Cubiña, cuestionaron los elementos de convicción que expuso la Fiscalía en la audiencia previa y que fue suspendida el sábado 14 de diciembre.

Cuestionamientos de los abogados defensores

Los abogados solicitaron a García que no acoja el pedido del fiscal Alarcón, quien solicitó que dicte prisión preventiva en contra de las cinco personas naturales. 

Además, presentaron los arraigos que mostrarían que sus defendidos no huirán del país ni intentarán obstruir a la Justicia o destruir evidencias. Los justificaron con documentos notarizados que acreditaban que los procesados tenían familia, lugares de trabajo, antecedentes penales, etc.

Durante la audiencia, los abogados defensores cuestionaron los argumentos del Ministerio Público para solicitar la privación de la libertad. Pues casi todos hablaron de que el funcionario investigador citó a las profesiones de los procesados, documentos sobre actividades económicas, transacciones, etc., pero sostienen que fueron realizados por las acciones que desempeñaban los señalados.

Con esos argumentos, solicitaron que el juez aplique medidas alternativas como presentación periódica ante las autoridades que determine el magistrado y prohibición de salida del país.

El juez debe decidir si acoge esa solicitud o el pedido de la Fiscalía, que considera que con la prisión preventiva se garantiza que los procesados comparezcan en la audiencia de juicio.

Defensa de Copedesa, Fuelcorp y tres empresas más 

Luego de la exposición de los representantes de las personas naturales, el abogado Joseph Marck Sánchez, defensor de las empresas Copedesa, Fuelcorp, Corpalubri, Ternape e Indudiesel. Una de las compañías es vinculada a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El abogado argumentó que el pedido de la Fiscalía no es sustentado ni proporcional. 

A decir de Marck Sánchez, la solicitud del Ministerio Público significaría la extinción de las empresas y argumentó que no se ha identificado supuesto perjuicio, no habría a experticia contable de posible afectación al Estado ecuatoriano y consideró que las acciones por las que imputa la Fiscalía a las compañías son relevantes para el Derecho Administrativo, pero no en Derecho Penal.

A las 19:20 de este lunes, el juez García dio un receso de 40 minutos para tomar una decisión.  

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