Los tropiezos en la elección de jueces

El concurso para elegir a 16 jueces de la Corte Nacional debe ser suspendido. Así opinan postulantes, organismos, abogados y actores relacionados con el sector de la justicia.

Creen que las garantías de un proceso de selección de jueces no deben tener ni la más mínima duda de legitimidad. Señalan que el actual proceso “carece de aquello porque el mismo Consejo de la Judicatura lo está desvelando y denunciando en la Fiscalía”.

Algunos han optado por renunciar al proceso. Otros han pedido recalificación. Lo hicieron ni bien recibieron la nota de la fase de méritos que, en algunos casos, no les alcanza para seguir en el concurso.

Hay decepción. Sobre todo porque aseguran que ingresar en el concurso no fue fácil. Reunir documentos, notarizarlos, hacer declaraciones juramentadas, pasar la documentación a formato PDF para después subirla al sistema de concursos les tomó a varios 15 días en plena emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 y una inversión de casi 3.500 dólares.

Hay preocupación por eventos que se han presentado en el concurso y que la propia Judicatura ha salido a aclarar.

Han expresado sus reparos el Observatorio de Justicia y Derechos, que dice trabajar por la protección y promoción de los derechos humanos, la independencia judicial y el debido proceso en Ecuador, y la Due Process of Law Foundation, que se define como un ente dedicado a fortalecer el Estado de Derecho y a promover el respeto de los derechos humanos en América Latina.

El Observatorio reportó “irregularidades en el sistema informático empleado para el concurso, que decantaron en el envío de un correo con los mismos puntajes a todos los candidatos”.

La Due Process of Law Foundation expresó su “preocupación ante nuevas irregularidades reportadas en concurso de jueces”. Evidenció deficiencias en los sistemas de calificación y una asignación de puntaje similar a todos los aspirantes, “generando dudas sobre las condiciones de seguridad del proceso”.

Esas dudas llevaron a la jueza de la Corte de Guayas Ivonne Núñez a abandonar el concurso. Tras recibir su puntaje de la fase de méritos envió su carta de renuncia. En ella expresó sus reparos. Dijo que inicialmente fue informada sobre el puntaje obtenido y en menos de 24 horas fue declarado inválido. 

Evidenció que en la notificación oficial no se califica ni siquiera su experiencia laboral, ni sus acreditaciones como profesora. Dejó un mensaje: “El sistema judicial del Ecuador debe ser la institución más creíble y segura del Estado. Lo contrario es destruirla”.

Los cuestionamientos no han cesado en redes sociales. El abogado Jorge Acosta escribió: “No es posible que esto ocurra. Este proceso tiene que dejarse insubsistente y convocarse a otro rodeado de todas las garantías necesarias, incluyendo veedurías internas y externas que parecen necesarias frente a lo que está ocurriendo”.

Eso es algo que ocurrirá. Lo dejó claro Fausto Murillo, vocal de la Judicatura. El funcionario defiende la transparencia del proceso, pero reconoce que se han producido tropiezos o eventos desafortunados.

Reconoce tres. Uno es el recalentamiento de equipos y el inadecuado funcionamiento del sistema de enfriamiento, lo que provocó un apagón informático. Ocurrió en el sistema del concurso de jueces. Aunque Murillo dice que no hubo pérdida, porque contrataron a una empresa para la recuperación de documentos.

Dice que hay una explicación para eso. Recordó que la Función Judicial tiene un sistema informático que incluye el Satje, el Supa, el Notarial, Remates y el de concurso.

Hasta antes de la pandemia, esos sistemas recibían una carga que superaba los 100.000 documentos. Pero a partir de marzo se priorizó el ingreso virtual y eso se multiplicó al 200 %. En el sistema hay más de 800.000 juicios activos.

A esa situación se suma que son equipos con más de 10 años. Este es un caso de fuerza mayor que motivó reajustes en el cronograma y es visto como el tropiezo más grande. Murillo también se refiere a los correos que recibieron los postulantes. Indica que el 6 de noviembre se empezaron a hacer pruebas de notificación que debían ir a un correo interno.

Cuenta que, desafortunadamente, dos servidores del área de Tecnología por error, en lugar de enviar al correo interno los mensajes, los mandaron a los postulantes. “Esa fue la desventurada e infortunada acción que cometieron estos servidores”, señala. Para que no queden dudas, el Consejo puso la denuncia en la Fiscalía y abrió un expediente.

Óscar Enríquez, otro postulante que se considera perjudicado, no se convence con la explicación porque si lo que dice Murillo es cierto “debía decir en el correo que era de prueba, acá no dijeron eso”.

Argumenta que los documentos de las maestrías que ha hecho no han sido tomados en cuenta, ni su certificado de dar una capacitación de tres meses en la Judicatura, porque en el reglamento decía que deben ser 40 horas. Enríquez pidió recalificación y en cinco días tendrá una respuesta.

El vocal Murillo asevera que el concurso es distinto a los anteriores porque prioriza la especialidad. Cuenta que por eso se pidió que los documentos sean del área en la que se postulan.

El detalle

Participantes. Luego de la verificación de requisitos quedaron 100 postulantes. Ingresaron al sistema 350, pero llenaron formularios solo 129 interesados.