Tuárez tendrá que esperar
La audiencia para analizar el pedido de caución del expresidente de Participación Ciudadana fue aplazada. Ocho sentenciados buscan la prelibertad
Con un pie casi en la calle tras siete meses de estar privado de la libertad, José Carlos Tuárez, quien fue destituido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en 2019, deberá esperar por la libertad.
La jueza de Garantías Penales del Guayas, Marcela Ortega, de la Unidad Judicial Sur Penal (Valdivia), difirió la audiencia para analizar el pedido de caución que propuso la defensa del exfuncionario, como último recurso para salir del Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, donde guarda prisión desde el pasado 28 de noviembre. Tuárez fue detenido junto con más de una treintena de personas; entre ellas, exfuncionarios vinculados a una supuesta organización delictiva que se aprovechó de su condición, para ofertar cargos públicos en entidades como la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Ministerio de Salud, hospitales públicos, entre otros.
La audiencia fue convocada para las 15:30 de este viernes, para conocer el ofrecimiento de la defensa de Tuárez para el pago de una fianza, luego de agotar otros recursos como la apelación a la prisión preventiva o el habeas corpus. La jueza dio paso a lo dispuesto por la Sala Penal del Guayas que le ordenó convocar inmediatamente a la audiencia oral, a fin de que escuche el ofrecimiento de caución que solicita el exsacerdote.
No obstante, la juzgadora procedió a diferir la diligencia por pedido escrito del fiscal César Suárez Pilay, quien justificó problemas de salud.
El expresidente del CPCCS no ha aceptado su implicación en el delito, mientras que una docena de detenidos lo ha hecho y, en poco tiempo recobrarán la libertad, purgando una condena reducida al máximo y sin deberle nada al Estado que no se presentó como víctima.
Desde el 11 de junio, jueces de Garantías Penitenciarias del Guayas analizan el pedido de prelibertad o régimen semiabierto de ocho personas que fueron sentenciadas a 12 meses de cárcel, en diciembre de 2019. Todos, se acogieron al procedimiento abreviado, un recurso legal que lo contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para simplificar los juicios, con la condición de que acepten su responsabilidad en los hechos investigados. Es viable en delitos sancionados con penas que no pasan de los diez años de cárcel. El tráfico de influencias es castigado con penas privativas de libertad de 3 a 5 años.
Entre los beneficiados está Luis Tarquino Loyo Brusil, quien se desempeñaba como director de proyectos del Consejo Nacional Electoral (CNE). El 10 de marzo del presente año, Loyo junto con los acusados Pablo Roberto Llanes y Sebastián Trejo Pita presentaron el pedido para favorecerse del régimen semiabierto. Lo hicieron a cuatro meses de haber sido sentenciados al aceptar las acusaciones de la Fiscalía, en la venta de cargos públicos.
DETALLE
34 personas fueron procesadas en el caso, 11 de ellas con sentencias por procedimiento abreviado.
INVESTIGACIÓN
Un cierre con dictamen mixto
La jueza Marcela Ortega cerró oficialmente la instrucción fiscal que se abrió por el caso, tras la entrega del dictamen que emitió el fiscal César Suárez, luego de casi siete meses de investigación. La juzgadora convocó para el próximo 1 de julio a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de ocho procesados, entre ellos, Tuárez y Renata Jalkh, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura. Otras quince personas fueron notificadas con un dictamen abstentivo.
