La UE termina su asistencia para las cárceles en Ecuador

La reducción del hacinamiento y de las muertes violentas en las cárceles de Ecuador fueron mencionados este martes como parte de los logros a los que ha contribuido la cooperación de la Unión Europea (UE) para fortalecer el sistema penitenciario de este país, que entre 2021 y 2023 registró más de 500 presos asesinados.

Durante la ceremonia de clausura del Programa de la Unión Europea de Respuesta a la Emergencia para Fortalecer el Sistema Penitenciario de Ecuador (Euresp), el Gobierno ecuatoriano destacó la reducción de 22 puntos porcentuales en los niveles de hacinamiento y de 14 puntos en el índice de muertes violentas de presos.

La mayoría de los presos asesinados en las cárceles de Ecuador entre 2021 y 2023 fueron víctimas de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales que controlaban las prisiones, en una ola de violencia que también ha saltado a las calles hasta hacer de este país el del mayor índice de homicidios de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023.

El Euresp tuvo una financiación de 2,5 millones de euros y comenzó en 2022 con la intención de fortalecer de forma integral el sistema penitenciario de Ecuador, aquejado en los últimos años por la violencia, el hacinamiento y la debilidad en el control estatal de las prisiones.

Este programa fue financiado el Instrumento de Política Exterior de la Comisión Europea, ejecutada por el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA) en asociación con la Fundación AVSI y bajo la dirección del magistrado italiano Paolo Di Sciuva.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, recordó que, aunque "Ecuador siempre ha sido un país de paz, desde hace algunos años se enfrenta a la amenaza de la delincuencia organizada transnacional".

Este problema que lleva a delitos conexos como el narcotráfico, el tráfico de armas o la minería ilegal es una cuestión que, a juicio de la ministra, "convoca a los Estados a cooperar", pues su lucha "no es exclusiva de Ecuador, sino de la región y de toda la comunidad internacional".

Entre las medidas que realizaron en el marco del Euresp, Sommerfeld mencionó la instalación de sistemas de videovigilancia en tres de las prisiones más conflictivas, lo que incluyó la entrega de un conjunto de once drones.

Las prisiones donde se instalaron los sistemas de videovigilancia fueron las de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi; la de Cuenca, en la sureña provincia andina de Azuay, y en el complejo penitenciario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones donde están recluidos alrededor de 12.000 reos.

Sommerfeld también resaltó el desarrollo de estrategias para la gestión de crisis en estos centros y el apoyo a la formación de 1.364 nuevos servidores penitenciarios por formadores de la región, provenientes de Chile o Brasil, y de países europeos como Italia.

El Euresp también participó en la adquisición en la adquisición de equipos biométricos y asesoría técnica para el censo penitenciario que realizó el Gobierno ecuatoriano en 2023, con visitas técnicas de personal del SNAI a Brasil y Chile.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles-Michel Geurts, aludió a la disminución del número de muertes violentas en las cárceles como consecuencia de la reinstauración del control estatal en estos espacios "en beneficio del derecho más básico: el de la vida".

Acciones realizadas en las cárceles 

En el mismo sentido, Geurts notó progresos importantes en los últimos meses en derechos humanos básicos de los reos como el derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento.

De su lado, Luis Zaldumbide, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, destacó la seguridad penitenciaria como una "pieza clave" que afecta tanto a la situación en los centros de privación de libertad como en el exterior.

Las cárceles más conflictivas de Ecuador fueron militarizadas al inicio de 2024, después de que el presidente, Daniel Noboa, elevara la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con el que pasó a catalogar a las bandas criminales que operan en Ecuador como grupos terroristas.

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