UNES lleva prisa en aplicar la vetada Ley de Comunicación
Asambleísta busca que Defensoría del Pueblo procese a un medio y periodista. Legisladores y abogados coinciden en que se está saltando las instancias
Una especie de clarividencia u otra forma de presionar. Aunque las reformas a la Ley de Comunicación, aprobadas por la Asamblea Nacional, siguen en análisis tras la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso, el correísmo se adelantó en querer aplicar algunos tramos de la normativa.
Específicamente, la asambleísta Esther Cuesta, que presentó una acción defensorial en contra del periodista Roberto Aguilar y Diario EXPRESO. Lo hizo ante la Defensoría del Pueblo. Algo inédito. Parecería hasta un sinsentido si no se conocieran los cambios que su bloque y los aliados incluyeron en la ley aprobada a finales de julio y vetada por el Ejecutivo.
En esta, al menos 20 artículos dan un nuevo rol a la Defensoría para que asuma algunas de las funciones de la extinta Superintendencia de Comunicación, que tomó vida precisamente con la primera Ley de Comunicación de 2013, calificada como ‘mordaza’.
Se están adelantando pasos y acciones sin que exista un proceso judicial abierto. La Asamblea debe ser la primera en respetar las instancias legales existentes.
El veto a la Ley de Comunicación suprime la participación "excesiva" de la Defensoría del Pueblo
Leer másPara la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, que trató el proyecto enviado por el Gobierno y que fue modificado casi en su totalidad por la nueva mayoría legislativa, Jéssica Castillo, es evidente que acudir a otras instancias que no sean las judiciales significa saltarse los caminos que están vigentes.
EXPRESO buscó la versión de Cuesta y desde su despacho respondieron que “el caso se encuentra en la Defensoría del Pueblo, Roberto Aguilar tiene el pedido de acción defensorial donde están establecidos los puntos que evidencian la vulneración de derechos. No vamos a pronunciarnos hasta que no exista una resolución”.
En tanto que la defensa del periodista y este Diario señala que, por un tema de procedimiento, no reconocen la competencia de la Defensoría del Pueblo con relación a un pedido de información, así como cualquier intención futura de convocar a una audiencia.
Eso fue ratificado ayer por la abogada penalista Lorena Grillo, quien considera que si la norma no está vigente no hay manera de que la Defensoría del Pueblo inicie acción alguna con un procedimiento inexistente y que eso debería ser conocido por quienes elaboran precisamente las leyes del país.
Querer hacer de esa institución una especie de gendarmería o de vigilancia de la ‘verdad’ en realidad esconde un intento de provocar la autocensura a los medios de comunicación.
El abogado y analista Ramiro Rivera argumentó que es llamativo, aunque tampoco le sorprende, que se haya acudido a esta instancia porque habría el interés de esa agrupación política de convertir a la Defensoría en una suerte de nueva Supercom.
“¿Por qué acuden a esta instancia? Porque mantienen una visión autoritaria del poder. Que se adelanten en este tema simplemente desnuda cómo son, así son, y no van a cambiar”, expresó Rivera.
El recurso
La Defensoría tiene potestad de tramitar las acciones procesales estratégicas en casos de vulneración de derechos humanos y derechos de la naturaleza.
Postura
La defensa de Aguilar y EXPRESO acudirán y enfrentarán todas las instancias judiciales que la legisladora Cuesta podría llegar a plantear.
Objeción
Los artículos sobre el nuevo rol de la Defensoría del Pueblo fueron vetados por inconstitucionalidad, lo que será resuelto por la Corte Constitucional.
