Universidad Central: Denuncia de irregularidades en elecciones vuelve al CES

Aunque el rector Patricio Espinosa y los vicerrectores Katherine Zurita, Julieta Logroño y Silvio Toscano continúan en sus despachos en la Universidad Central, aún no se ha definido si se mantendrán en sus cargos.

Este martes 18 de junio de 2024, el Consejo de Educación Superior (CES) confirmó a EXPRESO que el Pleno deberá reunirse para resolver la denuncia de irregularidades en las elecciones de las actuales autoridades de la Universidad Central, que tuvieron lugar el 15 de febrero. Esto debería ocurrir hasta el próximo viernes 21.

El pasado viernes 14 de junio, la jueza Lorena Figueroa, de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, dictó sentencia de forma verbal en este caso; declaró procedente la acción de protección presentada por las actuales autoridades de la Universidad Central.

“Se consideró que existió vulneración del derecho al debido proceso, ya que en el informe ampliatorio elaborado por la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), no se revisó cierta documentación remitida por la universidad, fuera de los tiempos previstos en el procedimiento de revisión del proceso eleccionario”.

Esto fue señalado por el CES, organismo que regula el sistema de educación superior, que incluye a universidades, escuelas politécnicas e institutos.

Según el CES, “la jueza dispuso que el proceso de revisión del proceso eleccionario de la Universidad Central se retrotraiga al momento de la emisión de la ampliación del informe de la Senescyt”, es decir, al 21 de mayo.

Esto implica, detalla el organismo, que la Senescyt deberá volver a emitir su informe ampliatorio, incluyendo en su análisis la nueva documentación remitida por la Universidad Central de manera extemporánea.

Una vez que la Secretaría remita el referido informe ampliatorio, el Pleno del CES deberá reunirse nuevamente y resolver lo que corresponda, tomando en cuenta el nuevo informe.

Hasta el momento, el Consejo de Educación Superior (CES) está a la espera de la notificación de la sentencia escrita de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito.

Consultados, desde el CES respondieron que, si bien la jueza falló a favor de los accionantes (rector y vicerrectores), “en ningún momento se insinuó o indicó que el CES actuó de manera ilegal”. Se refieren a su resolución del 22 de junio, a través de la cual se ordenó que en un plazo máximo de un mes se repitan las elecciones.

Esto en relación a lo dicho por el profesor y asesor del rector Juan Borja, después de la resolución de la jueza. “Se acepta la acción de protección por parte de las autoridades electas de la Universidad Central, queda sin efecto la resolución ilegal del Consejo de Educación Superior. Hemos ganado, ha ganado la democracia y la justicia”.

Simplemente, dice el CES, el proceso debe retrotraerse al momento de la elaboración del informe ampliatorio por parte de la Senescyt, para que esa entidad incorpore en su informe la revisión de la nueva documentación remitida por la Universidad Central.

El CES deberá expedir una nueva resolución

Por lo tanto, basándose en el informe que se presente, el CES deberá expedir una nueva resolución sobre la existencia o no de irregularidades en las elecciones de rector y vicerrectores.

¿Le preocupa al CES que se utilicen las acciones de protección para invalidar decisiones de la autoridad nacional de la educación superior? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si mañana bachilleres acuden a esa instancia para exigir cupos que no alcanzan en las universidades?

El CES respondió que la acción de protección es una garantía jurisdiccional para los ciudadanos en caso de considerar que se haya vulnerado un derecho constitucional. Por tanto, se puede acudir a la justicia constitucional con el objetivo de demandar el amparo directo y eficaz de derechos.

Sin embargo, “de acuerdo con la Unesco, la educación superior es un bien público social que debe responder al interés social. Nos preocuparía que, en aras de respaldar intereses individuales, se vulnere el derecho de la sociedad de contar con talento humano calificado que se desempeñe de manera responsable”.

Para el CES es fundamental que se garanticen los derechos individuales, pero que a la par se permita impulsar y garantizar una educación de calidad y en igualdad de oportunidades.

Por su parte, Juan Borja señala que esperan que el caso se cierre el próximo viernes. Para ellos, únicamente se cumpliría con un trámite, ya que la Senescyt deberá incluir en su informe un documento que certifique que la Vicerrectora de Investigación cuenta con años de gestión en la universidad.

“La jueza declaró la vulneración del derecho al debido proceso. La Vicerrectora podía ser candidata. El tema de la edad del rector ya no está en discusión. Ya no se debería hablar de repetir las elecciones”, dijo.

Otra es la versión de Marco Posso, exvicerrector de la Universidad Central, quien considera que el CES sí podría resolver sobre nuevas elecciones. Él fue quien presentó la denuncia ante la Senescyt y el CES.

Este martes 18 de junio, Posso presentó un nuevo alegato con “más evidencia” ante la Senescyt y el CES. Entre otros puntos, alega que el Honorable Consejo Universitario de la Central debió reunirse antes de las elecciones para discutir la participación de Patricio Espinosa, quien tiene más de 70 años y está bajo acción personal para jubilarse.