La universidad toma recaudos y llama a la sociedad civil a organizarse
Las instituciones reaccionan ante los asesinatos de dos docentes y una alumna. Piden más vigilancia policial e instan a gremios y entidades a unirse
La ola de muertes violentas que azota al país ha empezado a incluir víctimas universitarias. Esto motiva a sus autoridades a adoptar medidas para proteger a los estudiantes y docentes; a exigir al Estado que les brinde más seguridad; y a pedir a la sociedad civil que se organice.
La presencia de la Policía en el campus y la prohibición del ingreso de personas sin previa cita son dos de las acciones aplicadas por la Universidad Luis Vargas Torres, de Esmeraldas, tras el asesinato del decano de Ciencias Administrativas, Nelson Castillo, y de un docente que lo acompañaba, Patricio Lara, ocurrido el 18 de enero.
Dos días después, en Guayas, sicarios en moto mataron a María Gema Moreira, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, dentro del campus, cuando ella salía de rendir un examen.
Al igual que la institución de Esmeraldas, la de Milagro también suspendió provisionalmente las actividades académicas presenciales y semipresenciales y las pasó a la virtualidad, además de prohibir el ingreso de personas ajenas a la entidad, entre otras acciones preventivas.
El rector de la Universidad Luis Vargas Torres, Girard Vernaza, reconoce que la inseguridad y violencia reinantes les hace temer por sus vidas. Pero no cree que la opción sea cerrar las aulas y pasar todo a la modalidad en línea, porque eso significaría aceptar que ya no hay un Estado de derecho, sino uno de terror “y que todos estamos a merced de estos grupos”.
El rector de la Universidad de Milagro, Fabricio Guevara, espera del Gobierno más colaboración en la vigilancia de estas entidades que son públicas.
Información dirigida a nuestros estudiantes y docentes.#UNEMImásSegura 🔴 pic.twitter.com/tGKHY7WJAw
— UNEMI ⎪ Universidad Estatal de Milagro (@UNEMIEcuador) January 21, 2023
Su par de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, además de solidarizarse con las dos entidades, advierte que este es un problema que compete a todos. Ofrece compartir la experiencia de la institución, que adoptó medidas especiales tras los reiterados atentados con explosivos contra vehículos y robos que había en el campus.
También los rectores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Walter Mera; y de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Joaquín Hernández, enumeran algunas de las acciones y medidas de seguridad que han implementado ante el avance de la inseguridad.
Coinciden en el incremento de cámaras de vigilancia dentro y en los exteriores del campus universitario, así como en el aumento de la seguridad privada. También en convenios con la Policía para una vigilancia y patrullaje permanentes; y la opción de buses institucionales para el transporte de los alumnos.
Hernández considera que lo primero es cobrar conciencia como sociedad y como comunidad universitaria de la gravedad del problema, de su complejidad y, por lo tanto, buscar opciones que involucren a todos.
A su criterio, antes que recurrir al Estado o de quedarse solo en esa instancia, la sociedad civil debe organizarse, como en su momento lo hicieron las sociedades de otras ciudades de América Latina ante la violencia y el narcotráfico.
En ello coincide el rector de la Universidad Casa Grande, Ernesto Noboa: “Ya se han realizado y publicado en medios de comunicación múltiples propuestas al Gobierno de parte de diferentes gremios e instituciones. No creemos en solicitar al Estado más de lo que ya se le ha solicitado. La Universidad Casa Grande considera que es el momento de que la sociedad civil se organice para ser parte de la solución con acciones que las instituciones que la conforman acuerden en consenso”, expresa.
No creemos en solicitar al Estado más de lo que ya se le ha solicitado. Casa Grande considera que es el momento de que la sociedad civil se organice para ser parte de la solución con acciones que las instituciones acuerden en consenso.
Antes de recurrir al Estado es necesario que la sociedad civil cobre conciencia de la gravedad de la situación y se organice al igual que lo hicieron en su tiempo en Medellín, en la época de Pablo Escobar, y en Monterrey, en la época de los Zetas.
Esperamos del Gobierno la colaboración en la vigilancia permanente, por ser establecimientos públicos. Asimismo, que se apliquen las medidas pertinentes para reducir el índice de violencia que existe en nuestra ciudad sede (Milagro) y en el país.
No creo que la opción sea cerrar la universidad e ir a la virtualidad porque nuestra actividad es presencial. Y cambiar la modalidad por estos acontecimientos sería decir que no existe ya un Estado de derecho en Ecuador, sino un estado del terror y del temor.
Exhortamos también a nuestra comunidad universitaria a precautelar su seguridad con medidas como utilizar transporte seguro. Nos sumamos a las peticiones de un Ecuador más seguro, con controles que garanticen la paz en el país.
En seguridad, debemos involucrar a todos los actores de la educación superior. Adicionalmente el Estado, aparte del presupuesto, debería entregar un rubro exclusivamente para el manejo de la seguridad interna en todas las universidades.
