Las universidades públicas, a la espera de más recursos
163 carreras fueron declaradas de interés público. Las instituciones de educación superior esperan presupuesto y estrategias para crear plazas
Bioingeniería, Minería, Seguridad Industrial, Ciencias de la Educación, Gestión del Transporte, Sistemas de la información, Veterinaria, Ciencias de la Tierra, Arquitectura, Urbanismo, entre otras carreras de tercer nivel de grado fueron declaradas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) de interés público. En total: 105 carreras de grado y 58 de formación técnica y tecnológica.
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Esta declaratoria se dio al término del gobierno de Guillermo Lasso, el 22 de noviembre, según consta en el portal web de la secretaría de Estado. Sin embargo, las universidades públicas esperan contar con las directrices del actual Gobierno sobre los procesos que deberán ejecutar para cumplir con el objetivo de lo proclamado.
Entre ellas, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) deberá ejecutar prioritariamente los procesos de evaluación, acreditación y clasificación académica de programas y carreras consideradas de interés público, como determina el artículo 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes). Además, del examen de habilitación para el ejercicio profesional, de acuerdo con el artículo 104 de la misma normativa.
Sin presupuesto es difícil que a las universidades nos evalúen todas las carreras. A partir de la pandemia, las instituciones públicas recibimos menos presupuesto.
Sin embargo, este es un proceso largo, complicado y lleno de trabas económicas, expresa Francisco Morán, rector de la Universidad de Guayaquil (UG), y para ello, las instituciones de educación pública requieren de un mejor presupuesto para poder implementar laboratorios y mejorar las infraestructuras de los edificios.
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Este año, la UG contó con un presupuesto de 130 millones de dólares, pero 115 millones se van en el pago de la nómina, asegura Morán. Actualmente, la universidad cuenta con dos carreras acreditadas (Derecho y Enfermería) por el Caces y dos en proceso de acreditación (Medicina y Odontología). Por lo que sostiene que esta declaratoria debe también venir de la mano con un presupuesto asignado por parte del Gobierno.
Además, actualmente no todas las 163 carreras tienen una demanda de empleabilidad, observa Marco Buestán, decano de grado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, como Ingeniería Civil, Minería y Petróleo; ahora solo se ha visto un incremento en Electrónica y en Mecatrónica. “Probablemente aumente a futuro, aunque dependerá de las decisiones gubernamentales, de dónde van a invertir a corto y mediano plazo y de qué incentivos propongan para promover la generación de plazas de trabajo”.
Esperamos que las autoridades establezcan algún tipo de mecanismo, o que nos lo sugieran para que los estudiantes las vean atractivas, ya que son libres de escoger.
A esto, Holger Capa, exconsejero del Caces, considera que en esta determinación, la Senescyt y el Caces no trabajaron de manera sincronizada, debido a que, a su criterio, será una utopía que la entidad evaluadora pueda realizar su labor. “Si en los 12 años que tiene el Caces ha desarrollado exámenes de habilitación profesional para tres carreras, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que evalúe a 163 carreras?”.
Por otra parte, Capa afirma que los criterios que tomó la Senescyt para designar a estas carreras de interés nacional es solo desde el contexto actual, pero “la educación superior avanza y se innova. Este estudio no toma en cuenta las tendencias”.
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