Universidades en Ecuador vendieron desde paracetamol hasta medicamentos oncológicos

Las empresas públicas de las universidades Central, Técnica de Ambato y Técnica de Machala pasaron de ofrecer enseñanzas, talleres o asesorías a manejar el suministro de medicamentos. En 2021, fue el mejor año para estas empresas públicas, ya que firmaron contratos millonarios con hospitales del IESS y con el Ministerio de Salud Pública.

En teoría, se trata de un procedimiento normal; sin embargo, su uso ha sido mencionado en las transcripciones de los vinculados al caso Encuentro, en el que se investiga una presunta delincuencia organizada en el gobierno de Guillermo Lasso. Según los sospechosos, cuyas conversaciones se registraron en la casa del empresario guayaquileño Nain Massuh, las empresas públicas de las universidades son solo una herramienta. A través del Régimen Especial, obtienen contratos de medicamentos sin pasar por un concurso. Luego, las empresas universitarias firman “alianzas estratégicas” con empresas privadas para entregar los medicamentos.

EXPRESO ha accedido a los contratos entre las universidades y los entes de salud, que suman un total de 30,1 millones de dólares. Los contratos menos cuantiosos correspondieron a capacitaciones, un giro de negocio al que se dedicaban las universidades. Posteriormente, estas actualizaron su RUC y, sin ninguna experiencia previa, recibieron adjudicaciones.

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Medicamentos proveídos al Estado desde 2021:

• Analgésicos y antiinflamatorios como paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, acetaminofén, diclofenaco, ácido mefenámico, ketoprofeno, entre otros.

• Antidiarreicos como loratadina y racecadotrilo.

• Antihistamínicos como loratadina, butilescopolamina y metronidazol.

• Sobres con sales de rehidratación oral.

• Antieméticos como metoclopramida y domperidona.

• Oncológicos como bevacizumab, epirrubicina, idarubicina y citarabina.

Las universidades sacan un porcentaje y el costo se eleva

Para Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, ciertos medicamentos oncológicos deben manejarse con cuidado en las cadenas de frío, lo que resalta la falta de experiencia técnica de las empresas públicas de las universidades Central, Técnica de Ambato y Técnica de Machala. “Si no tienen la experticia, necesitan que las empresas se encarguen de estos procesos, como el manejo de cadenas de frío, certificados de venta, registros sanitarios, etc. Pero no lo hacen gratuitamente, lo que encarece los medicamentos.”

El activista también criticó la falta de transparencia en estos procesos, ya que el uso de una empresa estatal universitaria implica, según las transcripciones del caso Encuentro, la opacidad del verdadero beneficiario final. Como se evidenció en el juicio político de la exministra de Salud Ximena Garzón, un aliado estratégico de la UTA EP fue la farmacéutica Ginsberg, suspendida por el ACSA y prohibida por la Sercop para participar en procesos de contratación dentro del sistema. Sin embargo, esta prohibición no se aplicaba para que firmara con la UTA EP y fuera proveedora a través de la entidad pública.

“Los pacientes no pueden estar en incertidumbre sobre si hoy se compra de una forma y mañana de otra, además de que el proceso es poco transparente. Mañana podrían decir que van a comprar medicamentos oncológicos a través de colegios profesionales,” agregó.