Las UPC aún esperan las promesas de diciembre y no hay rastro de los cuarteles

Que seis meses iba a durar la construcción de los cuarteles intermedios y que la reestructuración, atención y fortalecimiento de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) ya estaba en marcha, pero desde el 28 de enero pasado, fecha en que terminó la emergencia declarada en esas infraestructuras para ejecutar los cambios correspondiente, no se ha cumplido.

Diario EXPRESO solicitó al Ministerio del Interior el detalle del avance de los 20 cuarteles intermedios con capacidad para albergar desde 200 hasta 400 policías, pero hasta el cierre de esta edición no ha proporcionado información al respecto.

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó a inicios de febrero a este periódico, que en seis meses estarían listos y que ya había conversado con 15 alcaldes para su ubicación, pero no se ha informado sobre este proceso. El equipo de Comunicación de la cartera de Estado expuso que no podían dar la entrevista porque no había datos al respecto y que se tenía que recopilar información.

De esos 20 cuarteles intermedios, siete están planificados para Guayaquil y, según el Municipio de la ciudad, Zapata o el ministerio no ha coordinado reuniones para tratar este tema y ejecutar las acciones. La inversión para ello es de $ 151 millones, obras que incluirán áreas de entrenamiento, de capacitación, cocina, gimnasios y más.

Según se anunció a inicios de 2023, la construcción de esos sitios iba a ser en paralelo a las intervenciones en las UPC. Este medio de comunicación realizó un recorrido y se evidenció que, además de las edificaciones que sufrieron atentados terroristas, existen otras como la ubicada en la calle Salinas o más conocida como la 18, barrio de tolerancia en Guayaquil, en completo abandono.

Los vecinos señalaron que van semanas sin personal policial. Luis García, un padre de familia que tenía media hora en el sitio cuando llegó el equipo periodístico, dijo que iba a esperar una hora más o que pase un patrullero, porque eso “es lo que hay” cuando ocurre una emergencia. “Yo tuve el problema en la noche, del ECU 911 me mandaron acá, y les expliqué que no hay nadie, pero igual vengo. ¿Qué pasa si ocurre una balacera? Cuando lleguen no podrán ayudar a alguien”, comentó molesto.

Esa infraestructura tiene el piso lleno de agua que sale de las baterías sanitarias, pasa por el pasillo y llega hasta la sala de espera de los ciudadanos que buscan el servicio.

“Está botado a propósito porque los mismos dueños de los negocios de la 18 son los que mandan, ahí no hay control. Además, hay falta de personal, antes son los ciudadanos los que ayudan a mirar la UPC si se mete alguien o pasa algo con el edificio; pero cómo vamos a poder afrontar si ni chalecos tenemos, no hay seguridad para nosotros mismos”, comentó un uniformado, quien prefirió el anonimato por miedo a represalias y a perder su trabajo.

Mientras que otro agente expresó sentirse en situación de pánico porque trabaja en medio de huellas de la violencia criminal y la violencia que ejecuta el Estado hacia los uniformados.

“Cuando vienen a Guayaquil, nos felicitan por trabajar en estas condiciones y no debe ser así, no hacen cambios eficientes, si uno reclama lo mandan lejos de su familia con el informe de necesidad institucional de servicio; entregan carros, motos sin gasolina y sin mantenimiento. Van 10 años sin dar uniforme. Que debemos estar unidos y que somos una familia, perdóneme, pero así no se trata a una familia”, lamentó el uniformado.

Zapata estuvo en Guayaquil, la semana anterior, para la entrega de municiones a la Policía Nacional y el lanzamiento de un programa de entrenamiento. Se excusaron que por cuestiones de agenda no podían atender al medio de comunicación en ese día.

Se dijo en primera instancia que durante la semana en curso se daría la entrevista, pero ayer se informó que ahora será la semana siguiente porque estaban coordinando planes por el fenómeno El Niño.

Para el experto en seguridad Daniel Pontón, dicha evasión responde a la falta de ejecución del presupuesto, pues hasta marzo de 2023 habían usado apenas el 5,69 % del total de sus recursos, según el Ministerio de Finanzas.

“Una muestra es la salida de Paco Moncayo (como consejero de Seguridad), que dijo que no se ejecutan las cosas a tiempo, es porque es sintomático, la situación es mucho más complicada de lo que parece. Y si la situación es cuesta arriba y me voy, por lo menos dejo pintada la casa. Que se ejecute lo que tiene que hacer, porque la situación no va a revertir la realidad de una forma fácil”.